El senador José Máximo García López llevará al Senado de la República el caso del exgobernador Ernesto Ruffo Appel, cuestionando la selectividad de la justicia federal frente a otras solicitudes de extradición pendientes por parte de Estados Unidos.
Escalada de tensión política en Ensenada
La exigencia por la liberación de Ruffo Appel movilizó a diversos sectores sociales frente a la Fiscalía General de la República.
El pasado lunes 20 de julio, una concentración en las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) reunió a notarios, abogados, jueces en retiro y militantes del Partido Acción Nacional (PAN) y Somos MX. Los manifestantes protestaron bajo las siguientes consignas:
- Exigencia de derechos: Denuncia de atropellos judiciales y uso de la justicia como herramienta política.
- Solidaridad: Uso de simbología relacionada con la «Ruffomanía» y proclamas de «preso político».
- Condiciones del proceso: Denuncia de incomunicación y maltrato hacia el exgobernador, además de la negativa oficial de realizar una audiencia pública solicitada por el abogado Fernando Gómez-Mont.
Cuestionamientos sobre la selectividad judicial
El senador Máximo García López contrapuso la celeridad del caso Ruffo con la inacción ante otras figuras políticas.
El legislador señaló una aparente disparidad en el actuar del gobierno federal, contrastando la detención de Ruffo con denuncias que involucran a otros actores políticos. Según García López, existen elementos probatorios y solicitudes de extradición emitidas por el gobierno de Estados Unidos hacia figuras como Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza, ante las cuales no se ha procedido. Asimismo, el senador calificó la orden de aprehensión como un acto arbitrario, al ser emitida por una «juez del acordeón» tras una negativa previa por falta de elementos suficientes.
Demandas de la defensa y exigencias de equidad
El equipo legal y político que respalda a Ernesto Ruffo subraya violaciones al debido proceso y contradicciones en la narrativa oficial.
El diputado federal César Israel Damián Retes detalló las peticiones centrales del grupo, fundamentadas en la situación física y legal del exgobernador de 74 años:
- Libertad inmediata: Solicitud basada en la edad del implicado para enfrentar el proceso fuera de prisión.
- Prisión domiciliaria: Alternativa propuesta ante el actual internamiento en el penal del Altiplano.
- Presunción de inocencia: Exigencia de respeto al debido proceso legal, cuestionando la disparidad de trato respecto a figuras como Mario Delgado, Adán Augusto o Marina del Pilar.
Por su parte, el exgobernador José Guadalupe Osuna Millán criticó la inversión de la carga de la prueba, tras las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la necesidad de que Ruffo demuestre su inocencia, contraviniendo el principio jurídico vigente.
