Autoridades federales y locales capturaron a Miguel “N”, presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, junto a Carlos Alberto “N”, alias “La Parca”, bajo acusaciones formales de extorsión agravada y delitos contra la seguridad en la región del Istmo de Oaxaca.
El alcance de la estructura criminal en el Istmo oaxaqueño
Miguel “N” operaba una red ilícita orientada a la extorsión sistemática y el cobro de piso contra comerciantes y empresarios locales.
La organización delictiva dirigida por el funcionario municipal diversificaba sus operaciones financieras mediante actividades de narcomenudeo, tráfico de personas y homicidio, consolidando esquemas de protección institucional para favorecer al crimen organizado.
Operativo federal y blindaje interinstitucional en la región
El despliegue táctico en territorio oaxaqueño responde a la estrategia de cero impunidad establecida por el Gobierno Federal.
La captura fue resultado de una acción coordinada entre diversas instancias de seguridad y procuración de justicia del Estado mexicano:
- Secretaría de Marina (SEMAR): Participación en las labores de despliegue operativo y contención territorial.
- Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC): Coordinación central de la estrategia táctica y de inteligencia.
- Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA): Resguardo y apoyo logístico durante las diligencias de captura.
- Fiscalía General de la República (FGR): Integración de las carpetas de investigación federales.
- Guardia Nacional: Aseguramiento del perímetro y traslado de los imputados.
- Fiscalía General del Estado de Oaxaca y SSPC estatal: Colaboración local en las acciones de campo.
Bloqueo financiero y continuidad de las indagatorias
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ejecutó la inmovilización de recursos y el bloqueo de cuentas bancarias vinculadas con la red de investigación.
Las indagatorias ministeriales y las acciones operativas en campo se mantienen abiertas con el propósito de desarticular por completo la estructura criminal y ejecutar órdenes de aprehensión contra el resto de los implicados en la red de protección institucional.
