El gobierno federal confirmó que 17 de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos estuvieron en las celdas de detención de la Policía Municipal de Iguala, de acuerdo con declaraciones de Melitón Ortega Jiménez durante el inicio de la jornada de protesta en Chilpancingo.
Ratificación oficial en reunión con la presidencia
El fiscal especial del caso Ayotzinapa, Mauricio Pazarán Álvarez, ratificó durante la última reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum que los estudiantes llegaron a la comandancia municipal.
- Aceptación gubernamental: La presencia de 17 normalistas en las barandillas de Iguala fue confirmada ante padres de familia, policías estatales, federales y militares.
- Demanda de extradición: Los familiares exigen el retorno de José Ulises Bernabé, exjuez de barandilla, para esclarecer el destino posterior de los detenidos.
- Incógnita presidencial: Los padres manifestaron dudas respecto a la postura de la titular del Ejecutivo federal al calificar de libro de ficción los informes oficiales.
Exigencias de justicia y señalamientos contra el ejército
Durante la movilización que congregó a más de mil personas en Chilpancingo, los manifestantes marcharon hacia la 35 zona militar para denunciar la filtración y el ocultamiento de información castrense.
- Monitoreo militar: El abogado del caso, Isidoro Vicario Aguilar, señaló que el Ejército infiltró la Normal de Ayotzinapa desde 2010 y ocultó 835 folios de inteligencia.
- Órdenes de aprehensión exigidas: Estudiantes y activistas demandaron encarcelar al exrepresidente Enrique Peña Nieto y a exfuncionarios federales y estatales.
- Líneas de investigación: Los familiares reprocharon que no se retoman las propuestas del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Panorama legal ante la situación del exgobernador
La preocupación central de los padres de familia radica en la falta de certeza sobre el paradero de los jóvenes y el estatus jurídico de los actores políticos procesados.
- Detención cuestionada: Los familiares reconocen la captura del exgobernador Ángel Aguirre, pero advierten riesgo de liberación por deficiencias probatorias.
- Plazo judicial: Existe un periodo de cuatro meses para fortalecer las pruebas presentadas ante las instancias correspondientes.
- Búsqueda activa: La exigencia primordial sigue centrada en conocer el paradero de los estudiantes y el destino que sufrieron tras salir de las celdas municipales.
