La detención en Argentina de Ana Carmen Sosa Cravioto detonó un nuevo análisis sobre el esquema financiero que, entre 2011 y 2018, dispersó recursos de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo hacia cuentas familiares.
El engranaje financiero y la ruta de los recursos universitarios
La causa penal 263/2020 documenta que la empresa Contabilidad del Siglo XXI y cuatro despachos contables transfirieron millones de pesos de la UAEH a cuentas personales de Gerardo Sosa Castelán y sus hijas.
La Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que el exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), Gerardo Sosa Castelán, encabezó una estructura dedicada a sustraer fondos de la institución educativa. El mecanismo operó mediante la triangulación de recursos hacia compañías consideradas fachadas y despachos contables, los cuales posteriormente canalizaron el dinero hacia integrantes del denominado Grupo Universidad y familiares directos del exfuncionario.
Los registros de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) detallan los montos específicos recibidos por los implicados entre 2011 y 2018. La siguiente tabla sintetiza las transferencias rastreadas hacia el núcleo familiar del exrector a través de la empresa Contabilidad del Siglo XXI:
- Gerardo Sosa Castelán: Recibió 23 millones 567 mil pesos en una cuenta bancaria de Banorte.
- Adriana Sosa Cravioto: Acumuló un millón 192 mil 308 pesos a través de 35 transferencias realizadas entre el 10 de marzo de 2014 y el 24 de agosto de 2017.
- Ana Carmen Sosa Cravioto: Captó 806 mil 769 pesos mediante siete transferencias ejecutadas entre el 4 de marzo de 2014 y el 12 de marzo de 2018.
La red de triangulación incluyó a la empresa Contabilidad del Siglo XXI, constituida en 2001 por María Cruz Campos Álvarez y María Luisa Montalvo Sierra. Dicha compañía abrió una cuenta en Scotiabank para recibir los recursos universitarios y dispersarlos por medio de cheques.
Adicionalmente, la FGR involucró en el esquema a las firmas Contabilidad Automatizada de Hidalgo, Contabilidad Especializada de Hidalgo, Eficiencia en Negocios Asociados, Corporativo Contable de Pachuca, y la Inmobiliaria, Constructora y Arrendadora Yolo, cuyo accionista principal es Damián Sosa Castelán, hermano del exrector.
Captura internacional y proceso de extradición en Argentina
La aprehensión de Ana Carmen Sosa Cravioto en Mendoza activó el proceso legal internacional tras permanecer con una orden de captura librada en agosto de 2020.
El 27 de agosto de 2026, Ana Carmen Sosa Cravioto, de 35 años, fue detenida en el Aeropuerto Internacional El Plumillero, en Mendoza, Argentina, cuando intentaba abordar un vuelo con destino a Chile. La captura estuvo a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y de Interpol, sustentada en la alerta roja internacional vinculada a la investigación de la justicia mexicana.
Tras su aprehensión, la imputada fue ingresada en la Unidad N°32 del Servicio Penitenciario Federal. Su defensa legal tramitó la modificación de la medida cautelar, permitiendo que continúe el proceso bajo prisión domiciliaria y monitoreo electrónico. Actualmente, el juez federal Juan Ignacio Pérez Curci analiza la solicitud formal de extradición presentada por el Estado mexicano para que enfrente los cargos por operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.
Paralelamente, el estatus judicial de otros coprocesados registra diversas resoluciones adversas para el ministerio público. María Luisa Montalvo Sierra y Juan Manuel Hernández Gayosso obtuvieron sentencias favorables debido a que la FGR omitió presentar oportunamente la orden judicial con la que obtuvo información sobre movimientos financieros clave. Asimismo, en abril de 2025, Francisco Natalio Zamudio Isbaile, señalado como operador financiero, fue liberado luego de que el juez Gregorio Salazar Hernández determinó que la fiscalía no especificó su participación ni presentó pruebas suficientes sobre la conducta ilícita.
Obstáculos procesales y la influencia política en la UAEH
El expediente judicial acumula revocaciones y amparos en revisión mientras la estructura política vinculada al exrector conserva espacios de poder en Hidalgo.
El historial procesal del caso incluye giros relevantes en las medidas cautelares de los principales involucrados. Gerardo Sosa Castelán estuvo recluido en el penal de máxima seguridad de El Altiplano desde agosto de 2020 hasta febrero de 2022, fecha en la que obtuvo el beneficio de prisión domiciliaria. En septiembre de 2024, el juez Gregorio Salazar Hernández dictó el sobreseimiento definitivo a su favor respecto a los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
No obstante, el 27 de marzo de 2025, el Segundo Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito revocó por unanimidad dicha resolución, al estimar que el juzgador carecía de facultades para decretar el sobreseimiento en esa fase procesal, correspondiendo dicha atribución a un Tribunal de Enjuiciamiento. La defensa de Sosa Castelán interpuso un amparo indirecto que le fue negado, cuyo fallo permanece en etapa de revisión.
En el plano institucional, la trayectoria de Gerardo Sosa Castelán abarca la rectoría de la UAEH entre 1991 y 1998, y la presidencia del Patronato universitario de 2009 a 2020, consolidando su hegemonía política desde su participación en la Federación de Estudiantes Universitarios de Hidalgo a finales de los años setenta. A pesar de los procesos penales en su contra y de la condición de prófuga que mantienen Adriana Sosa Cravioto y Anastasia Elizabeth Baños Baños, la red política asociada al exrector mantiene presencia activa en la entidad a través del Partido del Partido del Trabajo y cuadros afines a Morena.
