Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, advierte que México enfrenta una inminente fractura fiscal hacia 2028, lo que pondría en riesgo la viabilidad de los apoyos sociales y convertiría los derechos constitucionales en meras ilusiones sin una reestructuración tributaria inmediata.
El umbral del colapso tributario y el horizonte de 2028
El vicecoordinador legislativo advierte que el año 2028 marca el punto de no retorno para la solvencia financiera del Estado mexicano ante la presión del gasto público.
El análisis de la situación económica nacional sitúa a México en una posición de extrema vulnerabilidad estructural. A pesar de que entre 2018 y 2026 la recaudación creció poco más de dos puntos del Producto Interno Bruto (PIB) —un avance similar al registrado durante la reforma fiscal de Enrique Peña Nieto—, el país se mantiene rezagado en el contexto internacional.
Dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y América Latina, México ocupa la posición 22 entre 28 naciones en materia de recaudación. Para la dirigencia legislativa, la cantidad de recursos captados resulta insuficiente para garantizar la estabilidad institucional y el cumplimiento de las obligaciones del Estado.
- Obligaciones críticas: El financiamiento de programas sociales, pensiones, inversión, sistema educativo y sistema de salud depende de un incremento drástico en los ingresos tributarios en el corto plazo.
- Margen de maniobra: Las calificadoras internacionales como Fitch Ratings y HR Ratings califican al Paquete Económico 2027 como realista, pero alertan sobre una presión insostenible derivada del servicio de la deuda y las obligaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) en los años posteriores.
- Riesgo de inversión: Instituciones como Moody’s señalan preocupación por la trayectoria de la deuda soberana y la carga financiera de la empresa estatal, amenazando el grado de inversión del país.
Focos rojos presupuestarios y el peso de las pensiones
Las pensiones y el servicio de la deuda absorben casi el 70% del presupuesto federal, obligando a un replanteamiento urgente del gasto público.
El diagnóstico presentado detalla que los pasivos previsionales representan la mayor carga para las finanzas públicas. Actualmente, el Estado destina 1.2 billones de pesos exclusivamente al pago de pensiones contributivas y no contributivas. Esta cifra, sumada al servicio de la deuda, inmoviliza la mayor parte del erario.
La presión sobre el gasto convive con la exigencia de destinar recursos a la inversión física. El objetivo gubernamental establece alcanzar una meta de 28% del PIB en inversión física —combinando capital público y privado— hacia 2030, lo que demanda un gasto de 5.6 billones de pesos para el denominado Plan México.
A esta concentración de recursos se añade la debilidad financiera de los gobiernos estatales y municipales. La insuficiencia de ingresos propios impide que las administraciones locales operen como agentes activos en la construcción de infraestructura y el cumplimiento de las metas macroeconómicas.
| Componente del Gasto / Presión | Magnitud Financiera / Impacto |
| :— | :— |
| Pensiones (Contributivas y No Contributivas) | 1.2 billones de pesos |
| Deuda y Pensiones combinadas | Cerca del 70% del presupuesto total |
| Meta de Inversión Física al 2030 (Plan México) | 5.6 billones de pesos (28% del PIB) |
| Boquetes Financieros (Huachicol, Facturación, Extorsión) | Más del 2% del PIB |
Los boquetes estructurales del crimen y la evasión
El contrabando de combustible, la falsificación de comprobantes fiscales y la extorsión erosionan más de dos puntos porcentuales de la economía nacional.
La precariedad recaudadora se agrava por la existencia de actividades ilícitas que drenan los recursos públicos. Los denominados tres grandes boquetes —huachicol, simulación fiscal mediante facturación falsa y extorsión— sustraen al país el equivalente a más de 2% del PIB.
Este flujo de recursos no solo genera un daño financiero directo al erario, sino que consolida redes de operación integradas por actores políticos, empresariales y delictivos orientadas a someter a las instituciones del Estado mexicano.
En paralelo, la evasión fiscal persiste en sectores de altos ingresos. Los registros oficiales identifican a 370 mil contribuyentes que eluden el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR), restando capacidad operativa al fisco.
Hacia una reestructuración tributaria sin eupemismos
La propuesta legislativa plantea elevar los ingresos fiscales hasta el 20% del PIB mediante gravámenes al comercio digital, la inteligencia artificial y las grandes fortunas.
Ante la obsolescencia del concepto tradicional de reforma fiscal, se plantea la necesidad de implementar modificaciones de manera paulatina para elevar los ingresos públicos hasta alcanzar un umbral cercano al 20% del PIB antes de 2030.
El abanico de opciones para captar recursos incluye las recomendaciones formuladas por organismos como Oxfam respecto a la tributación de las grandes fortunas. Asimismo, se contempla la integración de impuestos al comercio digital y al desarrollo de la inteligencia artificial, además de endurecer los mecanismos de fiscalización sobre el ISR para cerrar los márgenes de evasión.
La ejecución de estas medidas, según los planteamientos expuestos, debe garantizar la certidumbre jurídica, la protección de los contribuyentes y la continuidad del desarrollo económico nacional.
