Morena Nuevo León presentó una denuncia ante la FGR contra el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, por presuntas irregularidades en un megacontrato de 7,370.9 millones de pesos con Next Energy para una planta solar que nunca operó.
La FGR recibe denuncia clave contra el alcalde de Monterrey
La Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México recibió una denuncia penal por posibles actos de corrupción en Nuevo León. La dirigente morenista en la entidad, Anabel del Roble Alcocer Cruz, acudió a las afueras de la sede en la colonia Doctores para formalizar la acusación. La acción legal se dirige contra el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, militante del PRI, por el presunto delito de ejercicio abusivo de funciones.
La denuncia de Morena se fundamenta en un reportaje periodístico que expone presuntas conductas de corrupción dentro del gobierno de Monterrey. Estas alegaciones giran en torno a un megacontrato significativo con la empresa Next Energy, destinado a la construcción y operación de una planta solar. La coalición política enfatiza la necesidad de una investigación exhaustiva por parte de las autoridades federales para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.
El nexo de la contralora que desató las acusaciones
La denuncia presentada por Morena Nuevo León detalla un conflicto de interés crítico en la firma del contrato con Next Energy. Se señala que, durante el período en que se concretó el acuerdo, Jovita Morín Flores desempeñaba el cargo de contralora en la administración de Adrián de la Garza. Simultáneamente, Morín Flores mantenía una sociedad con el grupo empresarial vinculado a Next Energy.
Anabel del Roble Alcocer Cruz, líder guinda, expuso que estas circunstancias sugieren una intervención indebida en contratos o actos que generaron beneficios económicos. La líder de Morena manifestó que estos beneficios pudieron haberse obtenido de manera inapropiada para los implicados o para personas con las que mantenían relaciones o vínculos directos. Adicionalmente, la denuncia sugiere la posible utilización de recursos federales no etiquetados para este tipo de contrataciones, lo que agrava la naturaleza de las presuntas irregularidades fiscales y administrativas implicadas.
Un contrato de 7,370 millones que jamás generó energía
El contrato original, firmado en 2020, involucró al municipio de Monterrey y al consorcio Next Energy de México. El monto total de este acuerdo ascendió a 7 mil 370.9 millones de pesos. Este megaproyecto, impulsado por el entonces alcalde Adrián de la Garza, preveía un esquema de pagos extendido a 30 años. Su objetivo era el suministro de energía limpia para el municipio, a través de una planta solar que se ubicaría en Cerralvo.
A pesar de la ambiciosa proyección y el significativo desembolso planificado, la planta solar nunca llegó a operar. El contrato continuó en un estado de incertidumbre durante la administración subsiguiente de Luis Donaldo Colosio en Monterrey. La cancelación definitiva del acuerdo no se concretó hasta mayo de 2026, un hecho que coincidió con el arresto de Eugenio Maiz Domene, propietario de la firma Next Energy.
La cancelación que no extingue responsabilidades penales
La cancelación del contrato con Next Energy, ocurrida en mayo de 2026, no exime de responsabilidades a los involucrados, según el grupo morenista que presentó la denuncia. La líder morenista Anabel del Roble Alcocer Cruz enfatizó que la rescisión del acuerdo no elimina las posibles consecuencias legales derivadas del presunto delito de ejercicio abusivo de funciones.
La postura de Morena subraya que las acciones y decisiones tomadas durante la gestión de Adrián de la Garza deben ser investigadas a fondo. La interrupción del proyecto, que implicaba un compromiso financiero de más de 7 mil millones de pesos sin lograr su objetivo de suministro energético, refuerza la necesidad de determinar si existieron irregularidades que puedan constituir un delito. La denuncia busca establecer la rendición de cuentas por los hechos que pudieron haber afectado el erario público y la legalidad administrativa en Monterrey.
