Leslie Gordillo/CARIBE PENINSULAR
CANCÚN.- La secretaria de gobierno, Cristina Torres, desmintió categóricamente la implementación actual de multas electrónicas o «fotomultas», precisando que actualmente trabajan en municipios como Benito Juárez y Othón P. Blanco para temas de mejora en la movilidad.
«Lo ha dejado muy claro la gobernadora, en Quintana Roo en ningún lugar hay en este momento ningún tipo de aplicación de multas electrónicas, no existen como tal. Sabemos que en lo que se ha avanzado ahorita es en el convenio, la posibilidad de los convenios para las alternativas de movilidad a través de MOBI», destacó.
Lo que se busca, puntualizó, es el uso de las mejores tecnologías para la movilidad, pero todavía no hay nada en concreto.
En lo que sí se ha avanzado en coordinación con los ayuntamientos, con base en la ley de movilidad, es la posibilidad de que aquellos municipios que requieran la ayuda del estado para la prestación de un servicio de transporte público urbano, masivo, con mayor calidad, puedan hacerlo y es en lo que se está avanzando.
Las unidades de transporte público para Chetumal, confirmó, están por llegar, se va avanzando, ya se publicó la voluntad del convenio entre estado y municipio, y será el Instituto de Movilidad el que dé detalles sobre su funcionamiento tanto al sur del estado, como en Cancún.
PROTOCOLO ESCOLAR EN TIEMPO Y FORMA
Respecto a un incidente donde un exalumno menor de edad detonó petardos en una secundaria, la funcionaria puntualizó que las autoridades reportaron la activación exitosa de protocolos de seguridad, no hubo daños físicos y que se brindará atención psicológica al joven para entender las causas de su conducta.
«Volvemos a llamar a las madres y padres de familia a que ellos participen en esta colaboración, es una responsabilidad integral, más que buscar culpas, tomemos acciones todos, atendamos a nuestras hijas e hijos y sería importante que ellos se involucraran», exhortó.
Ante esto y la posible implementación del operativo mochila, recalcó que este debe ser solicitado formalmente por los padres de familia para respetar los derechos humanos.
La secretaria de gobierno subrayó que la seguridad de los estudiantes es una responsabilidad compartida entre las autoridades y el núcleo familiar.
