Stephanie Brewer, directora de WOLA, denuncia el doble estándar presidencial: exige pruebas para el gobernador con licencia Rocha Moya, mientras su administración extradita mexicanos sin proceso y mantiene a miles en prisión preventiva oficiosa, socavando el debido proceso y los derechos humanos.
La creciente presión de Estados Unidos: una amenaza real
Un operativo unilateral de Estados Unidos en territorio mexicano para la captura del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, constituiría un «acto extremo» con la capacidad de fracturar la relación bilateral. Esta afirmación la realizó Stephanie Brewer, directora para México de la Oficina de Washington para América Latina (WOLA), durante una entrevista con Proceso. La especialista en justicia, derechos humanos y Estado de derecho subraya la credibilidad y la preocupación que genera la recurrente amenaza del gobierno de Donald Trump de ejecutar una acción militar directa contra el narcotráfico en México, algo que nunca antes había sido tan palpable.
La solicitud de extradición de Rocha Moya y otros nueve funcionarios de Sinaloa por sus presuntos vínculos con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa no solo los señala como narcotraficantes, sino también como terroristas. Esta designación es un pilar fundamental de la postura estadounidense.
Carteles como organizaciones terroristas: la nueva designación de Trump
El mandatario estadounidense, Donald Trump, ha clasificado a este grupo criminal y a otros cárteles mexicanos como «organizaciones terroristas extranjeras». Este marco legal, según Brewer, otorga a Estados Unidos la facultad, conforme a su legislación interna, de «tomar directamente acciones militares en contra de las personas señaladas como narcotraficantes». La factibilidad de dicha intervención aumenta si la tensión bilateral se eleva, si la colaboración en seguridad se ve afectada y si se produce un «desencuentro como el que está sucediendo ahora», advierte. Estos factores acercan a la región a una «línea desconocida» donde la administración Trump podría decidir una intervención militar.
A pesar de estas consideraciones, Brewer insiste en que un operativo militar estadounidense para capturar a Rocha Moya y a los otros funcionarios cuya extradición ha sido solicitada «rompería» la relación bilateral entre ambos países.
Estrategias de coerción: el T-MEC y los consulados bajo escrutinio
El patrón de Trump frente a México se caracteriza por la exigencia, la presión y la amenaza, lo que genera «un ambiente de mucha presión», sin que al mandatario estadounidense parezca importarle si el gobierno de Sheinbaum cumple con las demandas. «La presión no cede», enfatiza Brewer, «tras cada exigencia hay otra exigencia». La demanda actual es la detención de Rocha Moya y otros funcionarios en activo con fines de extradición.
El abanico de opciones de presión de Trump sobre México es amplio y no se limita a la intervención militar directa. Dada la coyuntura y la inminente renegociación del T-MEC, se esperan más impactos en el ámbito comercial. Además, existen presiones en el campo diplomático, como la revisión de los 53 consulados mexicanos en Estados Unidos y la eventual clausura de algunos de ellos, según informó el Departamento de Estado el pasado jueves.
El doble estándar de la presidenta: un cuestionamiento ético
Stephanie Brewer sostiene que, frente a la solicitud de extradición de Rubén Rocha Moya por parte de Estados Unidos, una «prioridad absoluta» del gobierno de la presidenta Sheinbaum debería ser la desarticulación de los vínculos entre su partido, Morena, y el crimen organizado. La sociedad mexicana, por su parte, rechaza mayoritariamente que el país tome decisiones en función de la agenda de otra nación. Al mismo tiempo, la ciudadanía se cuestiona por qué el combate frontal a la alianza entre políticos y criminales no es un criterio rector para el gobierno.
Para la analista de WOLA, el problema no se reduce a una cuestión de soberanía, argumento recurrente de Claudia Sheinbaum. Es, además, un problema de arbitrariedad por parte de Estados Unidos y de una falta de ataque al problema de fondo. Incluso si Rocha Moya fuese extraditado, esto no alteraría el sistema de operación del crimen organizado en México.
Es «perfectamente sabido» que el poder del crimen organizado en México no radica primordialmente en las armas, sino en gran medida en la colusión, la tolerancia y los nexos con las autoridades, una realidad que se observa en todos los niveles, especialmente a nivel municipal y estatal. Por ello, la especialista en derechos humanos recalca que «debería ser una prioridad absoluta para cualquier gobierno», incluido el actual de Morena, así como para los anteriores del PRI y el PAN, «romper nexos entre actores del crimen y autoridades, especialmente en ciertos estados».
Sheinbaum ha exigido «pruebas contundentes» a Estados Unidos sobre la asociación entre Rocha Moya y Los Chapitos. Sin embargo, Brewer recuerda que «no es nada sorprendente escuchar acusaciones o señalamientos de que, en efecto, funcionarios estatales estarían coludidos con actores del crimen». Esta situación «se ha señalado reiteradamente», indica.
Vulneración de derechos: el vacío legal en extradiciones y prisión preventiva
A la experta le resulta llamativo el contraste entre la exigencia de «pruebas contundentes» y la firmeza de la presidenta para demandar el respeto al debido proceso y la presunción de inocencia para el gobernador con licencia, en comparación con otros casos donde ha desestimado esos principios legales. La directora para México de WOLA se cuestiona dónde estuvo ese debido proceso para los más de 90 mexicanos que, entre 2025 y 2026, fueron entregados a Estados Unidos por el gobierno de Sheinbaum sin un proceso de extradición formal.
Asimismo, plantea la interrogante sobre la aplicación del debido proceso y la presunción de inocencia para «decenas de miles de mexicanos en prisión preventiva oficiosa». Este punto es crucial, enfatiza, porque el debido proceso y el Estado de derecho deberían ser el eje en todos los casos, no solo cuando se trata de actores poderosos o miembros del partido Morena.
Brewer identifica «un doble estándar brutal» de la presidenta al comparar el trato hacia actores de alto perfil con la realidad diaria de «miles de personas privadas de la libertad con la figura de la prisión preventiva oficiosa y con los mexicanos enviados a Estados Unidos fuera del mecanismo de extradición», lo que constituye una violación flagrante de sus derechos humanos. WOLA, una organización dedicada a la defensa de los derechos humanos y el Estado de derecho en la región, ha señalado en diversos reportes que tanto la prisión preventiva oficiosa como el incumplimiento del debido proceso son «intrínsecamente violatorios de derechos humanos».
Colusión y omisión: la red del crimen organizado en la política
El análisis de Brewer se centra en las colusiones y omisiones de Morena. Ella sostiene que, ante la solicitud de extradición de Rubén Rocha Moya por parte de Estados Unidos, resulta evidente que una «prioridad absoluta» para el gobierno de Sheinbaum debería ser la ruptura de los lazos entre su partido y las organizaciones criminales. Esta perspectiva contrasta con la posición de la presidenta, quien se ha enfocado en la defensa de la soberanía nacional.
La especialista insiste en que el verdadero problema radica en la arbitrariedad de Estados Unidos y la ineficacia para abordar la raíz del conflicto. La extradición de Rocha Moya, por sí sola, no modificaría el sistema de operación del crimen organizado en México.
El dilema presidencial: soberanía contra costos políticos ineludibles
Para Brewer, el caso Rocha Moya ha situado a Sheinbaum en una «disyuntiva política» de alto costo, sin importar la decisión que tome.
Por un lado, la negativa a entregar al gobernador con licencia a la justicia estadounidense incrementaría las tensiones con Donald Trump. Días atrás, en medio de la defensa del debido proceso para Rocha Moya por parte de Sheinbaum, Trump advirtió que si México y otros países no cumplen su labor contra el narcotráfico, «lo haremos nosotros». Adicionalmente, el fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, anticipó nuevas acusaciones contra funcionarios mexicanos presuntamente vinculados a cárteles de drogas.
Advertencias de Estados Unidos: nuevas acusaciones que tensan la relación
Sheinbaum es consciente de que negar la extradición de Rocha Moya afectaría diversas esferas de la relación bilateral con Estados Unidos. Uno de los ámbitos más vulnerables es la renegociación del T-MEC, un acuerdo comercial de vital importancia para México. Si la presidenta defiende a Rocha Moya y la Fiscalía General de la República (FGR) determina la ausencia de pruebas en su contra, la renegociación del T-MEC sufriría un impacto negativo, mientras la amenaza de una intervención militar por parte de Trump se mantendría latente.
El alto precio de la decisión: extraditar o resguardar a Rocha Moya
Por otro lado, si la mandataria decide extraditar al cuestionado gobernador con licencia, también enfrentaría un considerable costo político. Esta acción implicaría el reconocimiento de que un gobierno estatal de Morena estaba protegiendo a un poderoso cártel. Brewer enfatiza que, «en cualquier caso, va a ser criticada, ya sea por traicionar a la soberanía o por encubrir a un supuesto criminal con base en criterios de partido político y no con base en criterios de seguridad».
Para la funcionaria de WOLA, una intervención militar estadounidense contra laboratorios de droga y capos del narcotráfico sería más factible que contra los funcionarios requeridos en extradición. «Hasta ahora no ha habido amenazas de acciones tipo Venezuela, para poner un ejemplo extremo», aclara. «Entonces, un operativo contra una autoridad, eso sí ya rompería la relación bilateral».
