Corporaciones de seguridad y pobladores hallaron cientos de casquillos percutidos y restos de campamentos en San Pedro Huitzapula, Atlixtac, tras ataques armados. La comunidad exige justicia por dos asesinatos, la búsqueda de un desaparecido y obras públicas esenciales.
El eco de la violencia: rastros y demandas en la Montaña
Tras el reporte de ataques armados que asolaron San Pedro Huitzapula, municipio de Atlixtac, en la región de la Montaña, equipos de seguridad y habitantes emprendieron un recorrido exhaustivo por los cerros aledaños. La expedición reveló cientos de casquillos percutidos de arma de fuego y los remanentes de campamentos improvisados, evidencia contundente de la refriega. Aunque la comunidad agradeció la presencia de seguridad, su gratitud se transformó en una exigencia urgente: la localización de Luis Fernando García, oficial de Registro Civil en Zapotitlán Tablas, justicia por los asesinatos recientes, la rehabilitación inmediata de las viviendas dañadas y la construcción de un Banco del Bienestar, una medida paliativa ante el temor de ser víctimas de nuevos ataques al salir de su localidad.
Escalada del conflicto: el costo humano de la desatención
El recuento de las últimas 72 horas, según el informe de las autoridades comunitarias, es desolador: dos personas perdieron la vida a balazos, aproximadamente 100 habitantes se vieron forzados a desplazarse y al menos dos viviendas fueron consumidas por el fuego. Los residentes señalan a los agresores como presuntos policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), a quienes vinculan directamente con un grupo criminal. No obstante, las Casas de Justicia de la CRAC han emitido comunicados deslindándose categóricamente de este grupo armado, marcando una brecha en la percepción de seguridad y autoridad en la región.
La narrativa oficial frente a la cruda realidad del terreno
Un día después de que la comunidad de San Pedro Huitzapula emitiera un llamado de auxilio desesperado, la gobernadora morenista Evelyn Salgado informó en sus plataformas de redes sociales que, hasta el viernes, no se habían registrado «nuevos ataques armados en la región» y que se mantenía una presencia «permanente» de las fuerzas de seguridad. Esta declaración, sin embargo, omitió cualquier mención a las víctimas mortales, los heridos, las personas que buscaron refugio o los daños materiales infligidos a la comunidad durante las 72 horas previas a su comunicado, lo que subraya una desconexión entre el discurso oficial y la experiencia vivida por los pobladores.
Un patrón de agresión: Chilapa como precedente cercano
Las agresiones perpetradas por grupos criminales contra la población civil en San Pedro Huitzapula no son un hecho aislado. Se manifiestan poco después de un período de seis días en que cuatro comunidades del municipio vecino de Chilapa, dominadas por el Concejo Indígena y Popular Guerrerense Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), también sufrieron ataques. El saldo en esa zona fue igualmente devastador: seis muertos y seis heridos de bala, además de más de mil desplazados, de los cuales la mayoría aún no ha podido regresar a sus hogares a pesar del despliegue de fuerzas armadas. La proximidad geográfica, con solo tres horas de carretera entre Chilapa y Huitzapula, sugiere un patrón de violencia regional que exige una respuesta coordinada.
La cronología del asedio: denuncias ignoradas y asesinatos recientes
La tarde del jueves anterior a la publicación del informe, autoridades comunitarias de San Pedro Huitzapula denunciaron que, desde el 30 de abril, unos 300 hombres fuertemente armados estaban abriendo fuego indiscriminadamente contra la población. Aseguraron que estas agresiones ya habían sido reportadas a las autoridades municipales de Atlixtac y al gobierno del estado, sin obtener respuesta efectiva. Detallaron los asesinatos a balazos, ocurridos dos días antes, de un campesino que pastoreaba chivos y de Rubén Rodríguez, un ciudadano que había acudido a comprar víveres a la comunidad vecina de Zapotitlán Tablas. En este último caso, el Ejército se movilizó para recoger el cadáver. Las voces de la comunidad expresaron un sentimiento palpable de terror y abandono: «Estamos con miedo, estamos abandonados, ya nos quieren matar. Ya ven cómo pasó en Chilapa».
La insuficiente respuesta de seguridad y un historial de violencia
Los habitantes de Huitzapula afirmaron que la única presencia de seguridad en la zona se limitaba a dos patrullas del Ejército, las cuales fueron rápidamente superadas por los atacantes y sus ocupantes manifestaron no contar con personal adicional. La comunidad sostiene que, desde el año 2024, se han registrado más de 20 muertos y desaparecidos, aunque una cifra exacta no fue proporcionada. El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan documentó que una parte de los habitantes de la localidad me’phaa se vio obligada a refugiarse en el monte. Simultáneamente, 63 mujeres, 17 niñas y 15 niños buscaron resguardo en la comisaría municipal, evidenciando la magnitud del éxodo forzado. A pesar de haber solicitado ayuda a las autoridades y de haber enviado fotografías y videos de las agresiones, hasta el jueves, ninguna corporación de seguridad había acudido a la población para protegerla.
Una base de operaciones y el llamado a la justicia federal
El gobierno estatal, bajo la administración de la morenista Evelyn Salgado, insistió en que ya se había establecido una Base de Operaciones con elementos del Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal. Tras el ingreso de estas corporaciones a San Pedro Huitzapula, pobladores y policías estatales realizaron un recorrido conjunto por los cerros, que los generadores de violencia han utilizado como puntos de ataque. Durante esta inspección, hallaron cientos de casquillos percutidos y latas de alimentos, corroborando las denuncias de actividad armada. En la tarde, mujeres acompañadas de niños difundieron un comunicado en video, en el que agradecieron a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la gobernadora Evelyn Salgado por el envío de seguridad. No obstante, su mensaje se centró en una firme exigencia: la investigación de los crímenes recientes y la búsqueda del desaparecido.
Un plan de vida para Huitzapula: demandas integrales por la supervivencia
Las solicitudes de la comunidad de San Pedro Huitzapula trascienden la seguridad inmediata. En nombre de los 3 mil 500 ciudadanos, expresaron un «sincero agradecimiento por su labor» y solicitaron obras públicas esenciales. Entre ellas, la construcción de un Banco del Bienestar, una medida crítica debido a la imposibilidad de salir a otras poblaciones por el temor constante a ser atacados y asesinados. La lista de peticiones incluye:
- Construcción de un hospital con especialistas y capacidades para estudios clínicos y de laboratorio.
- Entrega de despensas para los 3 mil 500 habitantes de la comunidad.
- Creación de un nuevo municipio para el núcleo agrario de San Pedro Huitzapula, buscando una mayor autonomía y gestión local.
- Desarrollo de obras públicas para 10 comunidades aledañas.
- Rehabilitación integral de las viviendas dañadas por los ataques.
La búsqueda de Luis Fernando García Sánchez: un clamor de casi una década
Una de las demandas centrales y más dolorosas de la comunidad es la investigación y búsqueda de Luis Fernando García Sánchez. Originario de San Pedro Huitzapula, García Sánchez se desempeñaba como oficial de Registro Civil en la cabecera municipal de Zapotitlán Tablas. Su desaparición forzada se remonta al 10 de septiembre de 2015, cuando fue «bajado de la camioneta pasajera cerca de la comunidad de Tlatlahuiquitepec, municipio de Atlixtac». Los pobladores claman: «Exigimos que nos ayuden». A esta petición se suma la demanda de justicia por el asesinato del profesor Abel. Los habitantes concluyen su mensaje con la contundente afirmación: «No es mentira lo que no está pasando, es realidad, tenemos evidencia», un testimonio irrefutable de la violencia que enfrentan.
Meta descripción: Descubre los hallazgos tras ataques en San Pedro Huitzapula, Guerrero: casquillos, campamentos y el clamor de una comunidad por justicia,
