La detención del general en retiro Gerardo Mérida Sánchez en Estados Unidos socava la estrategia del gobierno federal para proteger al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya de Sinaloa. Este suceso intensifica la presión sobre la presidencia y Morena, confrontados con acusaciones de vínculos con el crimen organizado.
La caída del general y sus réplicas políticas inmediatas
Ayer viernes se reveló la detención en Estados Unidos de Gerardo Mérida Sánchez, general en retiro y exsecretario de Seguridad en Sinaloa. Este evento representa un golpe significativo para la estrategia de defensa que la presidenta Claudia Sheinbaum y Morena habían mantenido férreamente en torno al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Mérida Sánchez, una pieza clave en la administración de seguridad de Sinaloa, es señalado por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
La noticia del arresto se produce en un contexto donde Estados Unidos busca enjuiciar a Rocha Moya, así como a otros nueve individuos, incluyendo el senador morenista Enrique Inzunza Cázarez, el exsecretario de Finanzas de Rocha Moya, Enrique Díaz Vega, y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil. A pesar de estas graves acusaciones, la Fiscalía General de la República (FGR) ha mantenido una notable opacidad en las investigaciones relacionadas con el caso de Rocha Moya y otras carpetas en las que el morenista está implicado. Hasta el momento, las únicas acciones del gobierno federal han sido el bloqueo de las cuentas bancarias de Rocha Moya, solicitado por la FGR, y la orden de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para bloquear las cuentas de los hijos del gobernador con licencia. Este desarrollo ha expuesto fisuras en el soporte que el gobierno central proporcionaba al mandatario sinaloense.
El frente de defensa presidencial: soberanía versus la demanda de pruebas
Desde que el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, hizo pública la solicitud de detención provisional con fines de extradición contra los funcionarios sinaloenses, la presidenta Sheinbaum ha mantenido una postura insistente. Ha declarado que no se tomarán acciones hasta que se presenten «pruebas contundentes». La mandataria federal ha calificado el tema con Estados Unidos como una cuestión de «defensa a la soberanía nacional», sugiriendo que el gobierno de Donald Trump lo utiliza con fines electorales.
Sheinbaum también reprochó que esta confrontación surgiera en medio de un desacuerdo previo de su administración por la injerencia de agentes de la CIA en un operativo contra un narcolaboratorio en Chihuahua. En la conferencia mañanera del 30 de abril, expresó: «Si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo del Departamento de Justicia (de EU) es político». Dedicó una conferencia a explicar la diferencia entre extradición y solicitud de detención provisional, donde la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, afirmó que no había necesidad de urgencia ni pruebas, siquiera para justificar esa urgencia.
La mandataria federal ha reiterado diariamente su postura de no considerar la información enviada por Estados Unidos como prueba. En al menos dos ocasiones, refirió que solo les fue entregada «una hoja de papel con dichos». Ilustró el punto diciendo: «Este es el único documento que en este escrito lo ponen como un documento de prueba. ‘Juanito, 30 mil pesos’. Digo, al menos es de llamar la atención, es una hoja de papel. ‘R1’, ‘Tornado’, pero vean el papel, un papel». El martes 12 de mayo, Sheinbaum, además de mantener su defensa sobre el gobernador de Sinaloa, descartó que por este tema existiera una fricción con el gobierno de Trump, manifestando: «Claro que cuando ocurre una situación, como la solicitud de detención, evidentemente trabajamos y damos nuestra posición. Pero de ahí a decir ‘que hay una crisis con el gobierno de Estados Unidos’ o ‘grandes tensiones’, no lo vemos así».
Otro punto de divergencia ha sido la custodia del gobernador de Sinaloa. La mandataria explicó que se le proporcionó un servicio de custodia porque «se protege la vida (de Rocha Moya) como se protege la vida de cualquier persona que pudiera tener algún riesgo», e incluso afirmó que esa protección se le otorgó por solicitud del sinaloense. Sin embargo, días antes, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, había aclarado que no fue el gobernador quien solicitó la custodia, sino que fue una recomendación del Gabinete de Seguridad.
Trazas de la narrativa oficial: entre denuncias y contradicciones
La FGR se encuentra en el centro de las interrogantes. El 7 de mayo, la mandataria federal declaró: «La Fiscalía (en México) abre su propia investigación porque es obligación de la Fiscalía». No obstante, el miércoles 13 de mayo, indicó no tener conocimiento de ninguna investigación contra Rubén Rocha Moya en todo su gobierno, a pesar de haber afirmado previamente que debía abrirse a partir de los señalamientos estadounidenses.
Respecto a las denuncias presentadas por partidos de oposición durante el proceso electoral de 2021, que acusaban violencia del Cártel de Sinaloa para facilitar el triunfo de Rocha Moya, la presidenta consideró: «No hubo un partido político que presentara suficientes pruebas como para que se anulara la elección […] Un partido político podría haber presentado una queja ante el Tribunal Electoral Federal, no se presentó […] No hubo ninguna prueba que se presentara, que evaluara el Tribunal Electoral, que garantizara que había habido o que sustentara que había habido algún problema. Entonces, la institución correspondiente de valorar la elección lo hizo. Eso significa que no hubo ninguna prueba».
La sombra de «el mayo» Zambada y el caso Melesio Cuén
La mandataria tampoco consideró como prueba contra Rocha Moya las revelaciones de Ismael «el Mayo» Zambada. Zambada fue secuestrado el 25 de julio de 2024 y llevado a Estados Unidos, donde declaró haber padecido una traición al interior del Cártel de Sinaloa. En la reunión donde fue atrapado, también fue asesinado el exrector Héctor Melesio Cuén. Los señalamientos de «el Mayo» contradijeron la versión oficial que el gobernador Rocha Moya había dado sobre el homicidio de Melesio Cuén. Semanas después, la propia FGR confirmó los dichos del capo: el exrector no fue asesinado en una gasolinería, como Rocha Moya había declarado, sino en el rancho donde fue capturado el líder del Cártel de Sinaloa.
La jefa del Ejecutivo Federal tampoco consideró significativas las declaraciones del propio Rocha Moya cuando era candidato al gobierno estatal, en torno a encontrar la forma de coordinarse con el crimen organizado. Sobre esto, la presidenta opinó: «Es una opinión de él, yo no estoy de acuerdo. Pero de ahí a decir que eso significa que él tenía acuerdos, pues es muy distinto. Una cosa es una entrevista donde él da una opinión y otra cosa, en todo caso, son los hechos posteriores que los tiene que investigar si alguien presentó una denuncia o frente a lo que tuviera la Fiscalía de la investigación entonces pues dar sus conclusiones».
A esta narrativa oficial se unió la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, quien, antes de abordar el caso Rocha Moya, pidió centrarse en la situación de los agentes de la CIA infiltrados en operativos antinarco en Chihuahua. Montiel enfatizó la cronología: «Tenemos claro que esto que hizo la gobernadora sucedió primero, y después vino lo de Rocha […] Es cronológico, no es solamente que lo diga yo, así fue como sucedió». Añadió que «necesitamos que se establezcan las pruebas para que tengamos una opinión, y, obviamente, la Fiscalía General es la que va a investigar (a Rocha). En el caso de la gobernadora del estado, pues a todas luces la ley establece que es el gobierno federal el que debe gestionar, en su caso, la solicitud de apoyo o colaboración con un país extranjero, el que sea. Y a todas luces la gobernadora lo hizo faltando a la ley local y nacional».
Desde el gobierno de Sonora, también se hicieron eco de esta postura. Un gobernador, tras una reunión con la presidenta Sheinbaum y 23 gobernadores de Morena, expresó: «Por el bien de todos, más vale que seamos respetuosos de la presunción de inocencia, porque puede afectar a cualquiera; y del carácter imprescindible de presentar pruebas para sustentar una denuncia».
El pulso de la FGR: análisis del protocolo de extradición y la opacidad
Dos semanas después de que Estados Unidos hiciera pública su intención de enjuiciar al gobernador morenista de Sinaloa, al senador y a otros funcionarios estatales (activos y retirados) por presuntos vínculos con el narcotráfico, específicamente con Los Chapitos, la primera reacción del gobierno mexicano provino de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). El 29 de abril, la SRE informó que un día antes había recibido la solicitud de orden de detención provisional con fines de extradición contra Rocha Moya, el senador Inzunza y otros siete personajes, pero que dicha solicitud no venía acompañada de pruebas.
Ese mismo día, la FGR, a través del titular de la Fiscalía Especial de Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la institución, Ulises Lara, advirtió que, aunque la solicitud del gobierno estadounidense estaba en análisis, ninguna extradición sería concedida sin pruebas suficientes. Lara también cuestionó a las autoridades de Estados Unidos por no mantener la confidencialidad del caso al hacer pública la acusación. Concomitantemente, el fiscal anunció que la FGR iniciaría una investigación propia sobre el caso.
La letra del tratado bilateral y su interpretación
Contrario a la postura de la FGR, el artículo 11 del Tratado Bilateral de Extradición entre México y Estados Unidos establece que la solicitud de detención provisional con fines de extradición únicamente debe llevar la manifestación del delito por el que se solicitará formalmente la entrega de la persona. Esto significa que no requiere la expresión de los hechos y, mucho menos, las pruebas que sustentan la acusación. A pesar de esta disposición, el 1 de mayo, la FGR dio a conocer que, antes de tomar una decisión sobre la solicitud de detención, requerirá a Estados Unidos que complemente la misma con las pruebas que tiene contra el gobernador con licencia y los otros implicados.
El fiscal Especializado de Control Competencial de la FGR, Raúl Jiménez Vázquez, aseguró en conferencia de prensa: «Por nuestra parte se llevan a cabo las investigaciones correspondientes sobre los posibles hechos referidos, ocurridos en territorio nacional en términos de nuestra legislación y de acuerdo al paradigma del estado constitucional y democrático de derecho».
El 12 de mayo, la revista Proceso informó, citando fuentes de la FGR, que el gobernador con licencia no había sido llamado a declarar. Esta omisión se extendía tanto a la acusación de Estados Unidos como a otros señalamientos que pesaban en su contra desde hacía dos años, relacionados con el secuestro de Ismael «el Mayo» Zambada y el homicidio del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Héctor Melesio Cuén Ojeda. Ambos eventos ocurrieron el 25 de julio de 2024, durante una reunión en la que supuestamente estaría presente Rocha Moya.
Aunque al día siguiente la FGR precisó que la investigación sobre el homicidio de Cuén Ojeda no está cerrada y que no tiene relación con la otra indagatoria por los hechos denunciados por EU, la Fiscalía tampoco informó por qué Rocha Moya no ha sido citado a declarar, ni siquiera en calidad de testigo en este caso específico.
La advertencia desde la DEA: un preludio de futuras acciones
Mientras el caso se desenvuelve tanto en México como en Estados Unidos, el titular de la Agencia para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Terrance Cole, emitió una declaración contundente. Aseguró que las acusaciones contra el gobernador con licencia son «solo el comienzo de lo que viene para México», anticipando una posible escalada en los procesos de investigación y persecución de funcionarios vinculados a actividades ilícitas.
