Dos agentes instructores de la Embajada de Estados Unidos fallecieron tras el desbarrancamiento y explosión de su vehículo en el municipio de Morelos, Chihuahua. El Fiscal General del Estado aclaró que las víctimas realizaban labores de entrenamiento en manejo de drones y tácticas de seguridad, descartando su participación directa en operativos de campo contra el narcotráfico.
La madrugada del pasado domingo, aproximadamente a las 2:00 horas, un convoy de seguridad que circulaba por los límites entre los municipios de Morelos y Guachochi sufrió un percance catastrófico. El vehículo donde se desplazaban los oficiales estadounidenses derrapó, precipitándose por un barranco de gran profundidad, lo que provocó que la unidad estallara tras el impacto. En el mismo grupo de cinco vehículos viajaban Pedro Román Oseguera Cervantes, director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), y el agente Manuel Genaro Méndez Montes, junto a dos escoltas que resultaron con contusiones, pero se reportan fuera de peligro.
César Jáuregui Moreno, titular de la Fiscalía General del Estado, precisó que los fallecidos fungían como oficiales capacitadores-instructores adscritos a la Embajada de Estados Unidos. Estos elementos se encontraban en la región para impartir conocimientos especializados en el uso de drones y tácticas operativas a los agentes estatales de Chihuahua. El funcionario subrayó que esta colaboración forma parte de un intercambio técnico permanente y normalizado entre autoridades binacionales, el cual cuenta con el respaldo y conocimiento del gobierno federal mexicano.
Esclarecimiento sobre la soberanía y presencia operativa
Ante los cuestionamientos surgidos desde el Ejecutivo Federal sobre la legalidad de la presencia de agentes extranjeros en territorio nacional, el fiscal estatal fue enfático al señalar que no existió participación de los instructores en acciones de combate. Aunque los decesos ocurrieron en una zona con fuerte presencia de grupos delictivos como La Línea, brazo armado del Cártel de Juárez, se reiteró que las labores de los estadounidenses eran estrictamente pedagógicas.
La dinámica del evento generó confusión inicial debido a que el personal de la AEI se encontró con los capacitadores mientras estos últimos regresaban de una zona de entrenamiento ubicada a unas 9 horas de distancia de un operativo real contra el narcotráfico. Al coincidir en la ruta de retorno, se integraron al mismo convoy de seguridad por logística de traslado, lo que dio pie a interpretaciones sobre una supuesta intervención conjunta en el aseguramiento de laboratorios de drogas sintéticas.
- Alcance de la cooperación: El intercambio incluye programas como «Se busca», enfocado en la captura de objetivos prioritarios mediante el flujo de información y carteleras binacionales.
- Límites legales: Se mantiene la restricción absoluta de que personal estadounidense realice labores operativas en México, así como la prohibición de agentes mexicanos operando en suelo estadounidense.
- Peritaje técnico: Las investigaciones sobre las causas exactas del accidente en el terreno accidentado de la sierra continúan en desarrollo para descartar cualquier factor externo vinculado al crimen organizado.
Desmantelamiento de infraestructura masiva de drogas sintéticas
De forma paralela al suceso vial, la Fiscalía del Estado, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Fiscalía de Operaciones Estratégicas, ejecutó un golpe contundente contra el crimen organizado los días 17 y 18 de abril. La operación derivó en el aseguramiento de un complejo de producción de metanfetaminas en el municipio de Morelos, considerado uno de los hallazgos de mayor magnitud en la historia reciente del país.
Este centro de manufactura clandestina operaba con una sofisticación técnica inusual, dividiéndose en seis áreas de laboratorios distribuidas en instalaciones altamente elaboradas. El primer campamento intervenido abarcaba 850 metros cuadrados y contaba con infraestructura para albergar a un contingente de entre 50 y 100 trabajadores. La investigación, que se extendió por casi tres meses, fue turnada a la Fiscalía General de la República (FGR) debido a la naturaleza de los delitos federales involucrados.
Inventario de insumos y equipos asegurados
La capacidad de producción de este complejo se refleja en el volumen de materiales químicos y maquinaria especializada localizados en el sitio:
- Contenedores de alta capacidad: Se hallaron 180 depósitos de mil litros, muchos de ellos con precursores líquidos, además de 56 unidades adicionales de mil litros y 44 contenedores de 500 litros con sustancias en proceso de análisis.
- Infraestructura de procesamiento: El sitio contaba con 17 hornos industriales, 4 calderas, 2 condensadores y múltiples sistemas de conexión por mangueras de alta presión.
- Suministro energético: Se aseguraron 299 cilindros de gas, de los cuales 61 estaban conectados directamente a las líneas de producción, además de 196 tanques de 30 kilogramos.
- Insumos químicos y víveres: El inventario incluyó 28 depósitos de acetona, 19 tambos con la leyenda «Clouter», costales con materiales químicos sin identificar y un área de 300 metros cuadrados destinada exclusivamente al almacenamiento de alimentos para el personal operativo.
El Fiscal Jáuregui Moreno sugirió que, por la ubicación geográfica colindante con Sinaloa y la escala industrial de la producción, el complejo probablemente pertenecía al Cártel de Sinaloa. El uso de drones fue fundamental para la localización precisa de las instalaciones, aunque se sospecha que los operadores del sitio detectaron la aproximación de las autoridades horas antes del arribo oficial, facilitando su huida. Actualmente, se recopilan todos los detalles técnicos para rendir el informe oficial a la Presidencia de la República y a la Secretaría de Seguridad Pública Federal sobre este evento y la situación de los instructores fallecidos.
