Familias de personas desaparecidas en la Ciudad de México realizaron un bloqueo total en Avenida Insurgentes Sur, a la altura de la estación Olivo del Metrobús, para denunciar que jueces y magistrados frenan sistemáticamente las diligencias necesarias para localizar a sus seres queridos. Los manifestantes señalaron que la falta de autorizaciones judiciales para acceder a datos de telecomunicaciones y registros de llamadas protege a los victimarios, perpetuando un índice de impunidad que alcanza el 99.7% en casos de desaparición. Bajo la consigna «¿Justicia para quién?», los colectivos responsabilizaron directamente al Poder Judicial por obstaculizar líneas de investigación críticas que podrían conducir al paradero de mujeres, menores y víctimas de secuestro.
La protesta evidenció una tensión jurídica profunda: las familias sostienen que las resoluciones judiciales privilegian el derecho a la privacidad de presuntos criminales por encima del derecho humano a ser buscado. En múltiples expedientes de alto impacto, las solicitudes para analizar redes de telefonía y geolocalización han sido negadas o retrasadas injustificadamente por los juzgados. Los buscadores advirtieron que esta rigidez probatoria y la falta de sensibilidad de los magistrados solo favorecen la colusión entre autoridades y delincuencia organizada, especialmente en un contexto de transición institucional donde las prácticas irregulares encuentran margen de maniobra.
- Impacto de la impunidad: De acuerdo con datos del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, en México solo se judicializa entre el 2% y el 6% de los casos, y las absoluciones son frecuentes debido a estándares de prueba excesivamente exigentes.
- Deficiencias técnicas: El organismo internacional ha documentado retrasos críticos en la recopilación de datos móviles y una fragmentación operativa que impide el éxito de las búsquedas.
- Exigencia ciudadana: Los colectivos demandan que los jueces asuman su responsabilidad como garantes de justicia y dejen de ser un cuello de botella para las investigaciones técnicas de la fiscalía.
Durante la movilización, los familiares portaron fotografías y pancartas, afectando la circulación en uno de los corredores viales más importantes de la alcaldía Álvaro Obregón durante varias horas. El reclamo central es la eliminación de las trabas burocráticas que impiden el acceso a información de telecomunicaciones, la cual consideran el eje rector para consolidar las carpetas de investigación. Las familias subrayaron que, sin estas herramientas tecnológicas autorizadas por el Poder Judicial, las autoridades investigadoras quedan paralizadas, condenando a las víctimas al olvido y a sus familiares a una búsqueda eterna sin el respaldo del Estado.
La movilización concluyó con una advertencia clara hacia los tribunales: la reforma al sector no debe servir como pretexto para aumentar la opacidad, sino como una oportunidad para priorizar la vida y la verdad. Mientras los jueces no actúen con celeridad en la liberación de órdenes para diligencias técnicas, el sistema de justicia seguirá siendo percibido como un escudo para la criminalidad en lugar de un refugio para las víctimas de desaparición forzada en la capital.
