Dámaso Castro Saavedra solicitó licencia sin goce de sueldo tras las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos que lo vinculan operativamente con la facción de Los Chapitos. La decisión ocurre en un contexto de máxima presión institucional y política en el estado de Sinaloa.
Ruptura en la postura oficial de la Fiscalía General del Estado
La salida de Dámaso Castro Saavedra marca un giro radical en la estrategia de la Fiscalía General del Estado (FGE). Aunque inicialmente la institución mantuvo una defensa firme sobre la permanencia del funcionario en su estructura operativa, un comunicado oficial confirmó la separación del cargo mediante una solicitud de licencia sin remuneración económica.
Este movimiento técnico se produce apenas unas horas después de que la fiscal titular, Claudia Zulema Sánchez Kondo, admitiera ante los medios de comunicación que la situación del vicefiscal estaba bajo un riguroso proceso de análisis. Esta declaración fragmentó la postura de inamovilidad que la FGE había sostenido desde que trascendieron los señalamientos internacionales.
El peso de las acusaciones del Departamento de Justicia
La situación jurídica y administrativa de Castro Saavedra no es un evento aislado, sino que forma parte de un expediente de gran escala internacional. El Departamento de Justicia de Estados Unidos lo identifica formalmente como una pieza clave en una red de colaboración institucional.
- Identificación en listas oficiales: Castro Saavedra figura como uno de los diez funcionarios de alto nivel bajo investigación por presunta colaboración con el grupo delictivo conocido como Los Chapitos.
- Alcance de la investigación: Los señalamientos incluyen a figuras de la administración estatal, posicionando al ahora vicefiscal con licencia en un grupo de interés donde también se menciona al gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya.
Efecto dominó y presión mediática en la cúpula sinaloense
La resistencia inicial de la Fiscalía de Sinaloa para remover a Castro Saavedra se volvió insostenible debido a una serie de movimientos políticos en los niveles más altos del poder ejecutivo estatal y municipal. La opinión pública y los medios de comunicación intensificaron el escrutinio tras las salidas de otros actores clave mencionados en los informes estadounidenses.
La cadena de licencias que precedió a la de Castro Saavedra incluye:
- Rubén Rocha Moya: Gobernador constitucional del estado (actualmente con licencia).
- Juan de Dios Gámez: Presidente municipal de Culiacán, quien también se apartó de sus funciones tras el incremento de las tensiones políticas.
Este escenario de vacíos de poder y relevos forzados responde a una reconfiguración obligada por las investigaciones externas, dejando a la Fiscalía en una posición de vulnerabilidad que finalmente derivó en la salida temporal —pero inmediata— del vicefiscal operativo.
