El gobierno de Sonora rechazó categóricamente los señalamientos del diario Los Angeles Times sobre una supuesta investigación penal de Estados Unidos contra el gobernador Alfonso Durazo y la cancelación de su visa, calificando la información de completamente falsa.
El 3 de junio de 2026, el gobierno de Sonora, a través de su secretaria de Comunicación, Paloma Terán Villalobos, desmintió públicamente la publicación del diario estadounidense Los Angeles Times. La funcionaria utilizó redes sociales para aclarar que Alfonso Durazo Montaño, el dirigente estatal, no ha sido notificado de ninguna investigación penal por parte de las autoridades de Estados Unidos. Terán Villalobos enfatizó que el gobernador posee una visa válida y refutó cualquier señalamiento sin sustento, reafirmando el compromiso con la verdad y la transparencia institucional.
La confrontación mediática: Los Angeles Times versus Sonora
El mismo 3 de junio, Los Angeles Times publicó un reportaje firmado por los periodistas Steve Fisher y Kate Linthicum. Este informe aseguraba, citando «fuentes familiarizadas con los casos», que las autoridades estadounidenses habían iniciado investigaciones criminales contra Durazo, gobernador de Sonora, y Américo Villarreal Anaya, gobernador de Tamaulipas. Ambos funcionarios, según la publicación, habrían sido despojados de sus visas en el marco de estas indagatorias penales.
El reportaje destacó a Durazo, de 71 años, como uno de los líderes «de más alto perfil que se cree que está siendo investigado». Se recordó su rol previo como secretario de Seguridad de México, donde implementó la estrategia del expresidente Andrés Manuel López Obrador de «abrazos, no balazos», enfocada en abordar las causas profundas del crimen en lugar de los enfrentamientos directos. El informe también subrayó la relevancia estratégica de Sonora como una «importante ruta de tránsito del narcotráfico hacia Estados Unidos».
Detalles de una supuesta investigación y un programa excepcional
Pese a la supuesta ausencia de visa, el informe del diario estadounidense detalló que Durazo viajaría con regularidad a Estados Unidos para recibir tratamiento especializado. Esto ocurriría «en el marco de un programa de libertad condicional generalmente reservado para personas que cooperan con las autoridades». El programa en cuestión, identificado como libertad condicional por beneficio público significativo, «permite a los no ciudadanos testificar ante un gran jurado para mitigar las consecuencias de los cargos reales o pendientes en su contra o en contra de otros».
Reacciones políticas y la defensa de la soberanía nacional
El texto de Los Angeles Times también destacó que tanto Durazo como Villarreal, ambos miembros de Morena, son considerados «grandes aliados de la presidenta Claudia Sheinbaum». La presidenta ha criticado en el pasado las recientes investigaciones estadounidenses dirigidas contra líderes mexicanos, calificándolas de «injerencia electoral y violación de la soberanía de México».
El precedente regional: otras acusaciones del Departamento de Justicia
Este caso se presenta poco más de un mes después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos hiciera pública una acusación. Dicha acusación señalaba al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto con otros nueve funcionarios y exfuncionarios, por presuntos vínculos con el crimen organizado. La reiteración de este tipo de señalamientos por parte de autoridades estadounidenses marca una tendencia en la relación bilateral en materia de seguridad y justicia.
