La investigación de Estados Unidos contra Alfonso Durazo y Américo Villarreal por presuntos vínculos con el crimen organizado se revela tras la cancelación de sus visas y el ingreso al país bajo un permiso especial de «beneficio público significativo».
Cómo Estados Unidos destapó lazos políticos con cárteles
El gobierno de Estados Unidos inició una investigación contra el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, y el de Tamaulipas, Américo Villarreal, por presuntos vínculos con el crimen organizado. Esta información fue revelada por el reportaje de Steve Fisher y Kate Linthicum, publicado en Los Angeles Times y Puente News Collaborative. Durazo, de 71 años, es uno de los líderes de más alto perfil bajo escrutinio hasta la fecha. Previamente, se desempeñó como ministro de seguridad de México, implementando la estrategia de «abrazos, no balazos» del expresidente Andrés Manuel López Obrador, la cual enfatizaba atender las causas fundamentales del delito. Sonora es una ruta principal para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
Fuentes familiarizadas con el caso, que hablaron bajo condición de anonimato para discutir asuntos internos, indicaron que la visa de Durazo fue cancelada el año pasado. A pesar de esto, tanto Durazo como Villarreal han ingresado a Estados Unidos mediante un permiso especial. La investigación del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, se relaciona con el huachicol. Las fuentes informaron que Villarreal también posee un parole de Beneficio Público Significativo. Cuando Villarreal cruza a Estados Unidos, frecuentemente es escoltado por oficiales estadounidenses, según reportó una persona con conocimiento del caso a Fisher y Linthicum. Villarreal calificó de falsas todas las acusaciones en su contra en una declaración a los reporteros.
El parole especial: una puerta de entrada bajo investigación
El ingreso de los gobernadores a Estados Unidos sin una visa activa se realiza bajo un «Significant Public Benefit parole». Este programa permite a no ciudadanos testificar ante un gran jurado para mitigar las consecuencias de cargos actuales o pendientes contra ellos o terceros, según detallaron los reporteros. En Estados Unidos, un gran jurado se convoca típicamente para considerar información presentada por fiscales del gobierno. Su objetivo es aprobar una acusación formal sobre la cual se emite una orden de arresto. Este mecanismo permite el acceso al territorio estadounidense a individuos bajo investigación o con restricciones migratorias.
La respuesta presidencial y la estrategia antinarcóticos de EE. UU.
En abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló acusaciones penales de gran alcance contra miembros prominentes del partido de Sheinbaum. Entre ellos se incluyó al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Se le acusó, junto con otros nueve funcionarios y exfuncionarios, de ayudar al Cártel de Sinaloa a contrabandear fentanilo, heroína, cocaína y metanfetaminas hacia Estados Unidos a cambio de sobornos millonarios y apoyo para ganar elecciones. La presidenta Sheinbaum cuestionó en su reciente informe de rendición de cuentas si realmente existe un interés legítimo en combatir el crimen organizado. También preguntó si se estaba presenciando un uso del país por parte de sectores de la extrema derecha estadounidense para posicionarse de cara a sus elecciones de 2026, o si se pretendía influir en la elección de 2027 en México.
El reportaje de Steve Fisher y Kate Linthicum señala que la presidenta Claudia Sheinbaum descalificó la investigación de Rocha Moya, considerándola una campaña de difamación «políticamente motivada contra el gobierno izquierdista». Los reporteros también informaron que cuando el secretario de Seguridad Interna, Markwayne Mullin, se reunió con Sheinbaum en mayo, le comunicó que el gobierno de Trump esperaba que México enviara a Rocha Moya a Estados Unidos. Sheinbaum afirmó que el destino del gobernador se determinará en México y advirtió a Mullin que acusaciones adicionales estadounidenses contra líderes electos serían consideradas interferencia política en los asuntos internos de México.
De capos a gobernadores: el giro táctico de washington
Durante años, Estados Unidos se abstuvo de investigar a políticos en ejercicio en su lucha contra el narcotráfico. La estrategia prefería centrarse en los líderes de los cárteles. Sin embargo, a medida que muchos de los narcotraficantes más notorios de México han sido abatidos, arrestados o se han entregado, Washington ha redirigido su atención. El enfoque actual es hacia el enjuiciamiento de líderes electos y agentes del orden público sospechosos de estar involucrados con el crimen organizado, según publica Los Angeles Times. Este cambio de táctica representa una evolución significativa en la política antidrogas de Estados Unidos en la región.
