Redacción
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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que las acusaciones emitidas por autoridades de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios deberán sustentarse con pruebas contundentes para que procedan conforme a la ley mexicana.
“Si presentan pruebas irrefutables se procederá; si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones es político”, señaló la mandataria al fijar su postura durante la conferencia matutina.
La declaración ocurre luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentara cargos contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios por presuntos vínculos con el narcotráfico y tráfico de armas, en un caso radicado en una corte federal de Nueva York.
Sheinbaum subrayó que, conforme a la legislación mexicana, corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) analizar la información enviada por autoridades estadounidenses y determinar si existen elementos suficientes para solicitar órdenes de aprehensión o iniciar procesos de extradición.
Indicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores recibió el 28 de abril las solicitudes de detención provisional con fines de extradición, las cuales fueron turnadas a la FGR para su evaluación jurídica conforme al marco normativo vigente.
La mandataria enfatizó que para proceder legalmente se requieren datos de prueba que acrediten la posible comisión de delitos, y reiteró que su gobierno no protegerá a ninguna persona en caso de que existan elementos sólidos.
En su posicionamiento, la presidenta advirtió que no se permitirá la injerencia de gobiernos extranjeros en decisiones que competen a México, al tiempo que calificó como un hecho inédito la solicitud de extradición de un gobernador en funciones.
“Bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México”, expresó.
El caso se desarrolla en un contexto de cooperación bilateral en materia de seguridad entre México y Estados Unidos, así como de presiones internacionales para combatir al crimen organizado.
La Fiscalía General de la República informó que iniciará una investigación para determinar si la documentación presentada por autoridades estadounidenses cuenta con el sustento legal necesario para proceder, conforme a la legislación mexicana vigente.
