La presidenta de México confirmó su apoyo al gobernador de Sinaloa tras las acusaciones formales de Estados Unidos, condicionando cualquier acción legal o proceso de desafuero a la presentación de pruebas contundentes que vinculen directamente al mandatario estatal con actividades delictivas del Cártel de Sinaloa.
Postura presidencial ante el señalamiento de Rubén Rocha Moya
La administración federal ha definido una línea clara respecto a la situación jurídica del gobernador Rubén Rocha Moya. Tras la difusión de los comunicados emitidos por autoridades judiciales en Nueva York, Claudia Sheinbaum sostuvo una comunicación directa con el mandatario sinaloense para transmitir un mensaje de tranquilidad operativa. Bajo la premisa de que la ausencia de evidencias exime de responsabilidad, la mandataria subrayó que, mientras no existan elementos probatorios, el ejecutivo estatal no tiene motivos de preocupación.
Esta determinación no responde a una afinidad política específica. La postura oficial establece que el protocolo de actuación sería idéntico sin importar la militancia partidista del gobernador implicado. El respeto al debido proceso se mantiene como el eje rector, dejando claro que solo ante la aparición de pruebas fehacientes se procedería a iniciar los mecanismos constitucionales correspondientes, tales como el desafuero.
Alcance de la acusación formal en Nueva York
El Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública una acusación que impacta profundamente la estructura política de Sinaloa. El documento señala a diez funcionarios mexicanos, entre activos y retirados, por cargos de tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas. Según la fiscalía estadounidense, este grupo habría facilitado la logística necesaria para el envío masivo de estupefacientes hacia territorio norteamericano.
- Sustancias involucradas: Fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina.
- Funcionarios señalados: Rubén Rocha Moya (Gobernador), el alcalde de Culiacán y un senador de la República.
- Filiación política: Tres de los principales implicados pertenecen a las filas de Morena, mientras que el resto ocupa cargos técnicos o no vinculados a partidos.
Conexión operativa con la facción de Los Chapitos
La investigación detalla que los funcionarios acusados desempeñaron roles críticos en la protección y expansión del Cártel de Sinaloa. La narrativa judicial apunta a una vinculación estrecha con «Los Chapitos», la célula criminal dirigida por los hijos de Joaquín Guzmán Loera. Se alega que la colaboración no se limitó al tráfico de sustancias, sino que algunos de los señalados habrían participado de forma directa en las estrategias de violencia y represalias de la organización.
La relevancia de Rocha Moya en este expediente cobra mayor peso debido a su origen geográfico en el mismo municipio que «El Chapo» Guzmán y a incidentes previos que lo colocaron en el centro de la atención pública durante 2024.
El antecedente de la carta de Ismael El Mayo Zambada
El nombre del gobernador ya había sido mencionado en un contexto de alta sensibilidad criminal. Ismael «El Mayo» Zambada, cofundador del cártel, afirmó en una misiva que su captura y posterior entrega a las autoridades estadounidenses ocurrió bajo engaños. Según el testimonio del capo, este acudió a una cita convencido de que sostendría una reunión con el gobernador Rocha Moya. Este suceso constituye uno de los pilares del escrutinio internacional sobre la administración estatal sinaloense y su relación con las facciones del narcotráfico.
