El Senado de México aprobó una reforma clave para el Poder Judicial, postergando la elección de jueces y magistrados hasta 2028. Esta medida, impulsada por la 4T, también permite la reelección de magistrados electorales, generando un profundo debate sobre la independencia judicial.
La aprobación que reconfigura el calendario judicial
Los senadores oficialistas, pertenecientes a las bancadas de Morena, PT y PVEM, avalaron una significativa modificación legislativa al Poder Judicial. Esta iniciativa, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, centra su objetivo principal en reajustar el calendario para los comicios judiciales. La votación concluyó con 87 sufragios a favor y 41 en contra durante una sesión vespertina, ratificando el aplazamiento de la elección de jueces y magistrados hasta el año 2028. Una vez sancionada en el Senado, esta enmienda constitucional se someterá al escrutinio de los congresos estatales, requiriendo el respaldo de al menos 17 de ellos para su declaratoria de constitucionalidad.
Mecanismos de la reforma: extensión de mandatos y nuevas estructuras
La modificación legislativa establece una serie de disposiciones que impactan directamente la conformación y operación del sistema judicial en México.
Nuevas condiciones para magistrados y jueces
Uno de los puntos críticos de esta reforma es la disposición que extiende el mandato de los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Aquellos que actualmente se encuentran en funciones, y cuya encomienda original finalizaría en 2027, ahora podrán permanecer en sus cargos hasta 2028. Esta fecha coincide con la toma de protesta de los nuevos juzgadores que serán seleccionados en la próxima votación judicial.
Adicionalmente, se introdujo un ajuste de última hora que posibilita la reelección de los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en los comicios federales de 2028.
- La duración del periodo de los magistrados de Circuito y jueces de Distrito también experimenta una alteración. Los juristas que resulten electos en la votación de 2028 servirán por un periodo de ocho años, concluyendo su encargo en 2036. Esta medida representa un recorte de un año respecto a los nueve años previamente estipulados en la Carta Magna.
- Otra adición, propuesta por el PT, fija la celebración de la consulta de revocación de mandato para el primer domingo de junio del cuarto año del periodo constitucional correspondiente.
Estructura y supervisión del poder judicial
La reforma incorpora la creación de «secciones» dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Estas nuevas divisiones se encargarán de resolver asuntos considerados «menores», tareas que anteriormente eran responsabilidad de las salas eliminadas mediante la reforma constitucional de 2024.
Asimismo, se establece el Tribunal de Disciplina Judicial. Esta entidad tendrá la responsabilidad de:
- Evaluar el desempeño de magistrados y jueces electos durante su primer año de ejercicio.
- Aplicar programas continuos de capacitación y actualización.
- Coordinarse con la Escuela Nacional de Formación Judicial para el desarrollo e implementación de dichos programas.
El disenso opositor: acusaciones de vicio y control político
La iniciativa no ha estado exenta de críticas por parte de los partidos de oposición, quienes han manifestado su rotundo rechazo al proceso y al contenido de la reforma.
Críticas de Movimiento Ciudadano: «Reforma electoral disfrazada»
Clemente Castañeda, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC), catalogó esta iniciativa como una «vil reforma electoral» en lugar de un ajuste genuino al sistema judicial. Castañeda denunció que el procedimiento legislativo estuvo más viciado que en ocasiones anteriores, señalando un «fast track», la ausencia de un análisis profundo y la introducción de modificaciones «con madruguetes». Específicamente, hizo referencia a la reserva aprobada durante la madrugada en la Cámara de Diputados, la cual permite la extensión de seis años en el cargo para magistradas y magistrados del Tribunal Electoral.
Castañeda argumentó que la magnitud de estas concesiones y las prisas legislativas anticipan errores significativos y posibles «favores políticos» a miembros del Poder Judicial. Resaltó que la reforma carece de criterios claros para la selección de perfiles idóneos en los comités de evaluación, así como de lineamientos para homologar su funcionamiento. En su lugar, observa una centralización metodológica en una nueva comisión coordinadora que, a su parecer, únicamente representa al régimen oficial. El legislador también abordó la reducción de candidaturas y la simplificación de boletas, aspectos que, según él, no simplifican el voto, sino que «simplifican el acordeón». Mencionó que el verdadero problema, identificado desde 2024, no reside en el número de candidatos en la boleta, sino en «quién los pone ahí, con qué criterio, a qué y a quiénes les deben su postulación y su cargo».
El rechazo del PRI: «Impulsando la impunidad»
Por su parte, Manuel Añorve, coordinador de la bancada del PRI, afirmó que esta modificación legislativa no subsana las deficiencias ni las «trampas» de la reforma previa. Añorve fue contundente al declarar que la actual propuesta:
- No corrige las trampas.
- No prohíbe los «acordeones».
- No sanciona la operación política.
- No castiga la inducción al voto.
- No persigue el uso de recursos gubernamentales (municipales, estatales y federales) por parte de Morena, detectado en 2024, para favorecer a sus candidatos al Poder Judicial.
El senador del PRI enfatizó que la reforma no impide el «acarreo», ni protege la elección judicial frente a la influencia del partido en el poder. Además, acusó que la iniciativa «construye la impunidad de manera permanente para cubrirse entre ustedes». Añorve también criticó el intento de una aprobación acelerada, «en extraordinario, con prisas, sin una discusión seria, como si el Poder Judicial fuera una ventanilla de trámite del oficialismo». Concluyó su intervención señalando el patrón legislativo de Morena: «primero improvisa, luego se equivoca, después culpa a otros, y al final pide otro cheque en blanco».
