Senadores oficialistas aprobaron una reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Con ella, el INE creará una Comisión de Verificación de Integridad, buscando prevenir la infiltración de candidaturas vinculadas al crimen organizado.
La aprobación inesperada: una reforma de madrugada
Casi a las tres de la mañana, y bajo la declaración de «urgente resolución», senadores oficialistas discutieron y aprobaron una reforma legislativa crucial. Esta modificación a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales otorga al Instituto Nacional Electoral (INE) la facultad de establecer una Comisión de Verificación de Integridad. El objetivo central de esta nueva entidad es prevenir la postulación de candidaturas con vínculos al crimen organizado, comúnmente denominadas «narcocandidaturas».
El proceso de aprobación se consumó con 85 votos a favor y 40 en contra, en una sesión que la oposición calificó como «en albazo», sugiriendo una imposición precipitada.
Mecanismos de verificación: la estructura del nuevo control
La Comisión de Verificación de Integridad operará como un filtro estratégico. Su función principal será la de recibir información proveniente de los partidos políticos sobre sus candidatos. Posteriormente, esta información será canalizada a instancias competentes para su análisis y evaluación.
Las entidades designadas para colaborar en este proceso incluyen a la Fiscalía General de la República (FGR), la Comisión Nacional de Inteligencia (CNI), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Estas instituciones serán las encargadas de establecer la metodología aplicable para las evaluaciones de riesgo, lo que implica una coordinación interinstitucional para identificar posibles amenazas de infiltración criminal en el ámbito electoral.
Integración y temporalidad: pilares de la comisión
Inicialmente, la propuesta de reforma contemplaba que la Comisión estaría integrada por cinco consejeros. Sin embargo, en una reserva gestionada en la Cámara de Diputados, se ajustó este número a tres consejerías.
La normativa establece un plazo perentorio para su puesta en marcha: la Comisión deberá estar instalada y completamente operativa antes del inicio del proceso electoral programado para el año 2027. Esto subraya la intención de tener el mecanismo funcionando plenamente ante los próximos comicios.
La objeción opositora: un «doble juego muy peligroso»
La reforma enfrentó una marcada oposición, que articuló diversas críticas sobre la naturaleza y las implicaciones de la nueva comisión. El senador del PRI, Ángel García Yáñez, enfatizó que la decisión de las elecciones debe recaer en las urnas. Rechazó que estas se definan «en los escritorios oficiales ni mediante interpretaciones ambiguas hechas a modo».
García Yáñez profundizó en su desaprobación: «Otra vez quieren obligar a los congresos locales a armonizar leyes a contrarreloj. Otra vez legitiman desde la prisa y la imposición. Otra vez demuestran que para Morena lo importante no es construir instituciones sólidas, sino construir ventajas políticas». Este argumento sugiere que la reforma busca más un beneficio político que una mejora sustancial en la institucionalidad democrática.
Por su parte, el senador de Movimiento Ciudadano (MC), Néstor Camarillo, señaló que la reforma, presentada como una solución contra el crimen organizado, representa un intento del oficialismo por «pasar la bolita al INE y con ello lavarse las manos». Según Camarillo, la creación de una comisión en el INE no es lo que se necesita. «Lo que se necesita es una Fiscalía General de la República, que el Centro Nacional de Inteligencia y que las autoridades de seguridad hagan su trabajo y detengan a los delincuentes», afirmó.
El senador de MC articuló una preocupación central: «Con esta reforma, el oficialismo quiere lavarse las manos y pasarle la bolita al Instituto Nacional Electoral. Quieren obligar al INE a coordinarse con la UIF y con las áreas de seguridad para hacer un análisis de riesgo de los candidatos». Además, Camarillo alertó sobre un «verdadero peligro»: «Nos dicen que este mecanismo será voluntario, pero todos sabemos que eso es una trampa, es un doble juego muy peligroso. Si un partido decide no someter sus listas a esta revisión, el oficialismo lo va a señalar y a estigmatizar públicamente, acusándolo de encubrir delincuentes». Esta advertencia subraya el temor a que la reforma se use como una herramienta de presión política y descrédito.
