La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) ha encendido las alarmas sobre la reforma a la Ley Aduanera, instando al Senado de la República a afinar la iniciativa. La patronal busca un equilibrio vital: fortalecer la legalidad sin menoscabar a las empresas formales ni la competitividad.
El delicado equilibrio de la modernización aduanera
El sector privado, a través de Coparmex, ha reconocido el esfuerzo de la Cámara de Diputados y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) para edificar un marco normativo más eficiente. No obstante, subraya la necesidad de que las herramientas para combatir la ilegalidad no se conviertan en cargas excesivas para el sector productivo. Esta advertencia es particularmente crucial para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), pilares que sostienen más del 70 por ciento del empleo formal en el país.
El organismo empresarial ha señalado puntos específicos de la reforma que requieren una revisión profunda:
Implementación gradual del expediente electrónico único
El artículo 59 propone la integración de un expediente electrónico único, una medida que Coparmex considera positiva, pero cuya implementación demanda tiempo. Por ello, la confederación propuso que su entrada en vigor sea 12 meses después de la publicación de la reforma. Este periodo permitiría a las empresas adaptar sus sistemas, homologar catálogos y capacitar a sus equipos.
Una transición gradual, según Coparmex, es la garantía de que la información generada sea confiable y se eviten sanciones por fallas técnicas inherentes a un proceso de adaptación.
Rectificación de información: un derecho fundamental
Respecto al artículo 89, Coparmex insiste en preservar la facultad de rectificar información antes del Mecanismo de Selección Automatizado (MSA). La restricción de esta posibilidad sería, en esencia, comparable a impedir que un contribuyente corrija su declaración antes de remitirla al Servicio de Administración Tributario (SAT).
Proporcionalidad en las sanciones: Evitando el cierre de MIPYMES
Los artículos 178 y 184-B han sido objeto de un llamado a la proporcionalidad en las sanciones. Si bien la patronal coincide en la aplicación de castigos firmes ante el fraude, la simulación y la reincidencia, es categórica al afirmar que errores sin dolo no deben comprometer la viabilidad de las empresas.
Actualmente, existen sanciones que pueden escalar hasta el 300 por ciento del valor de la mercancía por errores meramente formales, como una discrepancia menor en una Norma Oficial Mexicana (NOM) o en una descripción comercial. Coparmex advierte que una multa de tal magnitud podría significar el cierre definitivo para una mipyme genuinamente interesada en cumplir con la normativa.
Certeza jurídica y estado de derecho
La Coparmex ha manifestado su compromiso de instar a los senadores a modificar la minuta. El objetivo es asegurar que la reforma aduanera, impulsada por la ANAM, no solo sea eficaz en cerrar las puertas a la ilegalidad, sino que también establezca un marco jurídico claro, justo y aplicable. Esta certeza es fundamental para las empresas y para el fortalecimiento del Estado de Derecho, pilares irrenunciables de una economía robusta y competitiva en México.
