La dirigencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI) sostiene que Morena opera bajo una estructura criminal tras la denuncia formal de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York contra Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios de Sinaloa por presuntos vínculos con la facción de «Los Chapitos».
Acusación formal por conspiración y posesión de armamento
La Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York ha señalado formalmente al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por delitos de alta gravedad que trascienden las fronteras nacionales. Los cargos presentados incluyen conspiración para la importación de narcóticos hacia los Estados Unidos, conspiración para la posesión de armas de alto poder y dispositivos destructivos, además de la posesión efectiva de dicho armamento.
Esta acción judicial del gobierno estadounidense representa un hito en la fiscalización de funcionarios públicos mexicanos, al establecer una conexión directa entre los altos mandos del Poder Ejecutivo estatal y las estructuras operativas del crimen organizado en la región.
La respuesta política frente al control territorial
El PRI afirma que la situación actual de violencia e impunidad no responde a coincidencias, sino que es la consecuencia directa de una administración que ha tolerado y participado activamente en redes delictivas. Según la postura oficial del partido difundida en plataformas digitales, la acusación internacional confirma la realidad que enfrentan millones de ciudadanos mexicanos de forma cotidiana bajo el dominio territorial de grupos ilícitos.
La organización política subraya que el ascenso y permanencia de Morena en el poder se ha gestionado mediante mecanismos de intimidación, sobornos y el aprovechamiento de estructuras criminales para influir en procesos electorales. Estas decisiones institucionales han derivado en una crisis de seguridad que actualmente cobra vidas en todo el territorio nacional.
Red de funcionarios señalados en Sinaloa
La lista de imputados por las autoridades estadounidenses abarca diversos niveles de la administración pública y cargos de elección popular, evidenciando una presunta infiltración sistémica:
- Dámaso Castro Saavedra: Fiscal General Adjunto de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa.
- Enrique Inzunza Cázarez: Senador de la República por Morena.
- Juan de Dios Gámez Mendívil: Alcalde de Culiacán.
- Enrique Díaz Vega: Funcionario estatal.
- Marco Antonio Almanza Avilés: Integrante de la administración pública.
- Alberto Jorge Contreras Núñez (alias “Cholo”): Identificado en la estructura de mando.
- Gerardo Mérida Sánchez: Miembro del gabinete de seguridad.
- José Antonio Dionisio Hipólito (alias “Tornado”): Señalado en la red operativa.
- Juan Valenzuela Millán (alias “Juanito”): Involucrado en las investigaciones neoyorquinas.
Confirmado: Morena es un narcopartido.
— PRI (@PRI_Nacional) April 29, 2026
Estados Unidos señala formalmente al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; al senador Enrique Inzunza Cázarez; a Juan de Dios Gámez Mendívil, presidente municipal de Culiacán; así como a Enrique Díaz Vega; a Dámaso Castro Saavedra; a… pic.twitter.com/1D3lgeY3Kf
Exigencia de justicia y detención inmediata
Ante la gravedad de los señalamientos, la oposición demanda una investigación exhaustiva que derive en la detención inmediata de todos los funcionarios implicados en la red de narcotráfico. La postura es contundente: México requiere un deslinde total de quienes mantienen pactos con el crimen para garantizar la viabilidad del Estado de derecho. El partido tricolor enfatiza que el país no puede permanecer bajo la gestión de perfiles procesados por delitos de conspiración y tráfico internacional de sustancias.
