El Departamento de Justicia de Estados Unidos formalizó una imputación contra el gobernador Rubén Rocha Moya y funcionarios de Sinaloa por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. La acusación detalla una estructura de protección institucional que facilitó las operaciones delictivas a cambio de sobornos sistemáticos bajo la jurisdicción estadounidense.
Imputación formal contra la administración de Rubén Rocha Moya
El gobierno estadounidense, encabezado por la administración de Donald Trump, ejecutó las advertencias previas sobre acciones legales contra altos mandos mexicanos. La Corte de Distrito Sur de Nueva York, instancia con amplio historial en procesos contra el narcotráfico internacional, publicó un acta de imputación que señala directamente al gobernador morenista Rubén Rocha Moya, a sus colaboradores cercanos y a diversos cuadros políticos sinaloenses de brindar apoyo logístico y protección al Cártel de Sinaloa.
Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, enfatizó que la corrupción que facilita el crimen organizado y afecta a ambas naciones será investigada y procesada de manera rigurosa. Esta postura se alinea con las declaraciones emitidas la semana pasada durante la inauguración de una planta de fertilizantes, donde Johnson anticipó medidas significativas contra funcionarios involucrados en actos ilícitos.
La estructura de protección institucional y sobornos
El documento judicial identifica a diez figuras clave calificadas como políticos y policías que abusaron de su autoridad para beneficiar a la facción de «Los Chapitos». Entre los nombres señalados por el Departamento de Justicia destacan:
- Enrique Inzunza Cázarez: Senador y anterior secretario general de gobierno.
- Juan de Dios Gámez Mendívil: Alcalde de Culiacán.
- Enrique Díaz Vega: Secretario de Finanzas del estado.
- Dámaso Castro Zaavedra: Vicefiscal estatal.
La investigación sostiene que estos funcionarios recibieron pagos mensuales que oscilaban entre los 6,000 y los 100,000 dólares. En el caso específico de Dámaso Castro, se le atribuye la recepción de aproximadamente 11,000 dólares mensuales entre 2021 y septiembre de 2024 para garantizar la influencia del grupo criminal dentro de la fiscalía estatal. El esquema operativo incluía la entrega de cajas de dinero en efectivo en Culiacán, acompañadas de listas detalladas con los apodos de los destinatarios y los montos correspondientes.
Intervención electoral y nexos con «Los Chapitos»
La acusación técnica resalta que la elección de Rubén Rocha Moya en junio de 2021 contó con el respaldo operativo de los hijos de Joaquín «El Chapo» Guzmán. El acta estipula que este apoyo consistió en el robo de urnas con votos destinados a la oposición y el secuestro de rivales políticos. Se documentan reuniones previas y posteriores a los comicios donde se pactó la impunidad operativa y el control sobre la policía estatal de Sinaloa.
Dentro del arco argumental de la fiscalía neoyorquina, se menciona una reunión estratégica a principios de 2021 entre Rocha, Iván Archivaldo y Ovidio Guzmán. Este último, actualmente bajo custodia en Estados Unidos, funge como testigo colaborador. En dicho encuentro se habría consolidado la alianza política y criminal que permitió al grupo mantener el control territorial frente a operativos federales y ataques a sus centros de producción de narcóticos.
Impacto en la seguridad y el orden policial
La red de complicidades alcanzó niveles críticos en los cuerpos de seguridad. El Departamento de Justicia menciona a:
- Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez: Sucesivos jefes de la Policía de Investigación.
- Gerardo Mérida Sánchez: Secretario de Seguridad Pública (2023-2024).
- José Antonio Dionisio Hipólito: Director de la policía estatal hasta 2022.
- Juan Valenzuela Millán: Comandante de la policía municipal de Culiacán.
A Valenzuela Millán se le acusa formalmente de recibir sobornos para él y otros 40 oficiales, además de participar en el secuestro, tortura y homicidio de Alexander Meza León, quien colaboraba como fuente confidencial para la Administración de Control de Drogas (DEA). Enrique Díaz Vega es señalado por entregar direcciones y nombres de opositores políticos para que fueran intimidados por células armadas del cártel. Esta situación genera una coyuntura de alta tensión para la administración federal de Claudia Sheinbaum, al validar los señalamientos sobre la infiltración de organizaciones criminales en las estructuras de poder regional.
