La Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos operó clandestinamente durante más de seis meses en Chihuahua con el respaldo de Guillermo Zuany Portillo, un exfuncionario investigado por vínculos criminales, desafiando las restricciones del gobierno federal.
La alianza encubierta y el rol de Guillermo Zuany Portillo
Guillermo Zuany Portillo operó como enlace clave de la CIA desde 2025 pese a investigaciones del FBI por sus presuntos nexos con la delincuencia organizada.
La investigación periodística de Steve Fisher y Jack Nicas para The New York Times documentó que agentes de la CIA se integraron en entrenamientos, incursiones tácticas y operativos contra cárteles junto con corporaciones estatales. Esta presencia se materializó al margen de las restricciones impuestas por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum respecto a la actuación de personal extranjero en territorio nacional.
Zuany, quien se desempeñó como fiscal de Operaciones Estratégicas y Antisecuestro de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua, consolidó la colaboración a pesar de que el gobierno estadounidense le había revocado previamente la visa. La medida fue revertida para facilitar la coordinación con la agencia de inteligencia.
Los agentes extranjeros llegaron a portar armas largas, utilizar equipamiento táctico e incorporar insignias de las corporaciones locales. El reporte detalla que la intervención rebasó el intercambio de información y la capacitación formal reconocida por el Estado mexicano, abarcando participación directa en incursiones para capturar jefes criminales, cobertura táctica con rifles, revisión de dispositivos electrónicos e interrogatorios a detenidos.
Antecedentes de colusión y obstrucción judicial
Cuatro testigos señalaron a Zuany Portillo como presunto cómplice del homicidio de dos agentes policiales ocurrido en 2022 en Chihuahua.
Los expedientes consultados por el medio estadounidense revelan que el exfuncionario acumulaba señalamientos por encubrimiento de crímenes contra elementos de seguridad. Testimonios integrados en las pesquisas lo vinculan directamente con el asesinato de dos policías y con la posterior obstaculización de las indagatorias. Uno de los denunciantes solicitó medidas de protección tras recibir amenazas de muerte vinculadas con el caso.
Pese a este historial, la CIA incorporó al exfuncionario en sus esquemas operativos a partir de 2025. En el otoño de ese año, Zuany presentó a un agente extranjero ante elementos estatales bajo el argumento de conformar una nueva unidad de fuerzas especiales, lo que detonó la participación de personal estadounidense en misiones sobre el terreno.
El siniestro vial que desmanteló la red de espionaje
Un accidente automovilístico en abril de 2026 en la zona serrana de Chihuahua visibilizó la presencia operativa de cuatro agentes de la CIA.
La estructura clandestina colapsó el 25 de abril de 2026, durante una misión para destruir un laboratorio de metanfetaminas en la región serrana. En el despliegue participaron más de 60 elementos de seguridad mexicanos y cuatro agentes estadounidenses provistos de pasamontañas.
Tras una inspección infructuosa del sitio, el convoy emprendió el retorno nocturno. Una camioneta con dos agentes de la CIA y dos funcionarios mexicanos a bordo desbarrancó por un despeñadero de aproximadamente 90 metros, provocando una explosión que mató a los cuatro ocupantes.
El peritaje oficial clasificó el hecho como accidente, pero expuso la intervención directa de la inteligencia estadounidense. Ante el hallazgo, Zuany Portillo —quien no acudió al operativo— instruyó el retiro de los cuerpos de los agentes extranjeros, la supresión de insignias gubernamentales mexicanas y presionó a los policías sobrevivientes para ocultar la participación de la CIA en los interrogatorios posteriores.
Crisis política y consecuencias judiciales en el gabinete estatal
La revelación de las operaciones extranjeras derivó en la orden de captura contra Zuany Portillo y el procesamiento de César Jáuregui por traición a la patria.
El descubrimiento provocó una confrontación institucional entre el gobierno federal y la administración estatal. La presidenta Claudia Sheinbaum exigió explicaciones a Washington y al gobierno de Chihuahua, al confirmar que el gabinete de seguridad ignoraba las actividades de la agencia en el país.
Por su parte, la gobernadora Maru Campos rechazó tener conocimiento previo de los hechos. No obstante, Zuany declaró al rotativo estadounidense que la mandataria estaba informada, versión que Campos desmintió públicamente al emplazarlo a rendir cuentas ante la justicia.
El escándalo precipitó la renuncia de Zuany Portillo y del fiscal general del estado, César Jáuregui. Las instituciones mexicanas emitieron una orden de aprehensión contra el exfuncionario antisecuestro, quien permanece prófugo. En tanto, Jáuregui, quien aspiraba a la alcaldía de Chihuahua, fue detenido y vinculado a proceso bajo el cargo de traición a la patria por permitir el despliegue clandestino de la agencia extranjera, mientras el ex fiscal general responsabilizó del esquema al comandante policial fallecido en el siniestro.
