La abrogación del acuerdo sobre evaluaciones de desempeño en el Poder Judicial de la Federación no disipó la parálisis operativa en más de 50 sedes federales ni la erosión institucional hacia Néstor Vargas.
El detonante normativo y la vulnerabilidad de la carrera judicial
- El acuerdo del 5 de noviembre emitido por el Órgano de Administración Judicial facultó a los titulares de juzgados y tribunales para solicitar evaluaciones extraordinarias y emitir informes subjetivos con mayor peso que los exámenes de conocimiento para más de 32 mil trabajadores.
El Poder Judicial de la Federación (PJF) experimentó un quiebre operativo cuando al menos 50 sedes jurisdiccionales federales amanecieron cerradas debido a un segundo paro masivo. La protesta fue convocada por proyectistas, actuarios, secretarios de acuerdos y oficiales judiciales. El origen de la fractura se remonta al 5 de noviembre de 2026, fecha en que el Órgano de Administración Judicial (OAJ) publicó un acuerdo para regular las evaluaciones de más de 32 mil trabajadores de carrera judicial.
El documento estableció que una calificación no satisfactoria implicaba la baja definitiva del PJF, sin importar la basificación del empleado. Asimismo, el marco normativo otorgaba facultades a los titulares de órganos jurisdiccionales —incluyendo a aquellos electos por voto popular— para solicitar evaluaciones extraordinarias. Los informes enviados por dichos superiores tendrían un porcentaje superior al del examen de conocimientos en la calificación final, lo que desató el temor a despidos discrecionales y sepultó las expectativas de ascenso mediante cursos y exámenes que prevalecían antes de 2024.
Protestas en las sedes federales y la caída de Néstor Vargas
- La resistencia sindical escaló a confrontaciones físicas en Durango y negociaciones extraordinarias con la intervención del ministro presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar Ortiz.
Ante las condiciones impuestas por el OAJ, los sindicatos del PJF decretaron un paro nacional a partir del 6 de noviembre. En esa misma fecha, Néstor Vargas, presidente del OAJ y señalado por los trabajadores de desdeñar la carrera judicial, acudió a Durango para reunirse con jueces. Un grupo de empleados increpó al funcionario para exigir respuestas. Durante la manifestación se desató una gresca en la que Vargas terminó en el suelo, un incidente documentado por Proceso. Pese al altercado, 30 trabajadores dialogaron con él, aunque el OAJ omitió difundir los resultados del encuentro.
Paralelamente, el ministro Irving Espinosa sostuvo una reunión con trabajadores en Mérida que mantenían bloqueada la sede local. Aunque Espinosa carece de facultades resolutivas sobre la administración del PJF, ofreció canales de diálogo.
Para el 7 de noviembre, los sindicatos se reunieron con el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, y con el propio Néstor Vargas. Según un comunicado de la SCJN, se pactó reformar los lineamientos del OAJ para eliminar la separación del cargo en caso de reprobación, suprimir las evaluaciones extraordinarias solicitadas por titulares y modificar los ponderadores de los informes de desempeño. Las modificaciones debían publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF), a cambio de que la base trabajadora reanudara labores el lunes 9 de noviembre.
Conflicto de competencias y abrogación del acuerdo
- El Pleno del OAJ abogó por la anulación total del acuerdo inicial tras acusar incumplimiento en la reanudación de labores, evidenciando una fractura de gobernanza interna.
La implementación del acuerdo enfrentó un vacío legal y político: los trabajadores argumentaron que los pactos con el ministro presidente Hugo Aguilar carecían de validez formal, debido a que la reforma judicial de 2024 depositó la administración del PJF exclusivamente en el presidente del OAJ, Néstor Vargas, y no en la presidencia de la Corte.
En un comunicado posterior, el OAJ enfatizó que los convenios de modificación se habían negociado entre la base trabajadora y el ministro presidente de la Corte, omitiendo el reconocimiento a Néstor Vargas. Ante la negativa de los agremiados de retomar las actividades el lunes 9 de noviembre, el Pleno del OAJ sesionó de manera extraordinaria.
Como resultado de la parálisis y la falta de consenso, el Pleno decidió abrogar (dejar sin efectos) el acuerdo que regulaba la evaluación de desempeño publicado el 5 de noviembre. Para dar cumplimiento a los compromisos institucionales previos, el OAJ quedó obligado a redactar y emitir un nuevo documento normativo que contemple los ajustes pactados con los sindicatos, mientras la desconfianza hacia la gestión de Néstor Vargas permanece abierta en el aparato de justicia federal.
