La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) enfrenta un declive en su capacidad de contrapeso constitucional, consolidando una parálisis operativa marcada por la ausencia de impugnaciones relevantes y una agenda centrada en asuntos de baja trascendencia bajo el actual esquema político.
La inacción ante el control del oficialismo
El Pleno de la SCJN ha limitado su alcance decisorio, concentrándose en controversias administrativas menores mientras los mecanismos de impugnación constitucional han perdido tracción frente a la hegemonía legislativa de Morena.
- Sesiones rutinarias: Desde septiembre de 2025, el Pleno prioriza expedientes técnicos sobre actos administrativos, como el costo de copias certificadas en Registros Civiles, alejándose del control de convencionalidad.
- Contención de expedientes: Existe una decisión deliberada de evitar la resolución de casos de alto impacto político y social que permanecen estancados, a pesar de contar con proyectos de resolución previos.
- Ausencia de litigio institucional: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha cesado la presentación de acciones de inconstitucionalidad contra leyes con claros vicios de constitucionalidad, como la Ley General en Materia de Extorsión.
El efecto bumerán y la erosión del precedente
La actual integración del Máximo Tribunal ha optado por reiterar criterios anteriores bajo una narrativa de novedad, intentando mantener una apariencia de actividad judicial sin confrontar las políticas emanadas del Ejecutivo.
- Evitación de la confrontación: La estrategia judicial se centra en resolver asuntos sin generar roces con el oficialismo, lo que reduce drásticamente el espacio de maniobra técnica y política del tribunal.
- Limitaciones opositoras: La minoría parlamentaria actual carece de la fuerza numérica indispensable para activar los mecanismos de control constitucional contra reformas impulsadas por el bloque gobernante.
- Desmantelamiento institucional: La eliminación del INAI ha clausurado una vía crítica de defensa de derechos, impidiendo que el tribunal actúe como árbitro en las controversias derivadas de su ámbito competencial.
Riesgos para la estabilidad democrática
La transformación del Poder Judicial iniciada en 2024, según especialistas en derecho constitucional, ha provocado que la SCJN pierda su función como garante del equilibrio de poderes.
- Erosión del disenso: La retórica oficialista que busca la homogeneidad institucional pone en riesgo la arquitectura democrática, la cual requiere, por definición, de contrapesos y espacios de disputa jurídica.
- Irrelevancia sistémica: El descrédito del tribunal como órgano serio provoca que los actores políticos opten por abandonar la vía judicial, dejando sin cauce legal las controversias sobre la constitucionalidad de las leyes.
- Falla en el cumplimiento internacional: La parálisis deliberada mantiene en el limbo sentencias internacionales, como la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la prisión preventiva de oficio, cuya inconvencionalidad persiste en el marco normativo mexicano.
