El gobierno de Gustavo Petro finaliza su periodo presidencial con indicadores históricos de reducción de pobreza y reforma agraria, mientras que los escándalos de tráfico de influencias y malversación de recursos públicos fracturan el legado institucional de la administración.
Resultados sociales frente a la fragilidad administrativa
El balance de la gestión muestra una divergencia entre la ejecución de políticas de inclusión y la inestabilidad en la gobernanza.
El cuatrienio iniciado el 7 de agosto de 2022 registra hitos estadísticos en sectores históricamente marginados:
- Reforma agraria: Entrega de 2.5 millones de hectáreas a campesinos, superando el alcance de todos los mandatos anteriores.
- Reducción de pobreza: Disminución del índice en 8.6 puntos porcentuales, sacando de la precariedad a 3.8 millones de personas.
- Salario mínimo: Incremento real del 59.4% en cuatro años, tras descontar la inflación.
- Desempleo: Registro de 8.9%, alcanzando su mínimo histórico al cierre del mandato.
La gestión se caracterizó por una retórica enfocada en las comunidades indígenas, afrocolombianas y jornaleros, otorgando representación política a grupos excluidos por las élites tradicionales. Pese a las tensiones con el sector empresarial, el modelo económico de mercado se mantuvo intacto, registrando las grandes compañías utilidades sin precedentes.
El quiebre de la política de paz total
La estrategia de seguridad, piedra angular del proyecto político, derivó en una expansión de las estructuras criminales en territorio nacional.
Las cifras del Ministerio de Defensa confirman el retroceso en los indicadores de control territorial:
- Crecimiento criminal: El número de integrantes de grupos armados ilegales aumentó 79%, pasando de 15 mil en 2022 a 27 mil en la actualidad.
- Fortalecimiento del Clan del Golfo: La organización creció más del doble, incrementando su fuerza de 4 mil a 9 mil 800 hombres en armas.
- Expansión geográfica: El Clan del Golfo y el ELN aumentaron su presencia en municipios, consolidando economías criminales como la extorsión, la minería ilegal y el tráfico de migrantes.
Investigadores de la Fundación Ideas para la Paz sostienen que los ceses de hostilidades fueron utilizados por estas organizaciones para robustecer su capacidad operativa y sus rentas ilícitas.
Erosión institucional y escándalos financieros
La administración enfrenta un declive reputacional por la filtración de pruebas que vinculan al círculo cercano del presidente con prácticas corruptas.
Las investigaciones señalan una red de influencias que otorgó poder desmedido a figuras con escasa trayectoria pública:
- Caso hermanas Guerrero: Registros bancarios y comunicaciones evidencian el cobro de comisiones a empresarios para la adjudicación de contratos estatales.
- Intervención en Aeronáutica Civil: Denuncias sobre el uso de vínculos con el poder ejecutivo para nombramientos familiares y manipulación de procesos contractuales.
- Caso La Guajira: Malversación de 13 millones de dólares destinados a camiones cisterna para el suministro de agua potable.
- Cuentas de la Primera Dama: Acusaciones sobre el uso irregular de fondos públicos y una supuesta recepción de dos millones de euros durante la campaña presidencial.
Indicadores macroeconómicos y transición de poder
El relevo presidencial ocurre en un entorno de polarización extrema con resultados electorales de margen estrecho.
El déficit fiscal se ubicó en 6.4% del PIB en 2025, un incremento de un punto porcentual respecto al inicio del gobierno, mientras que la deuda se mantiene en 58% del PIB. En el plano político, la reciente elección reflejó una nación dividida: el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, obtuvo 12.7 millones de votos (48.69%), frente a los 12.9 millones (49.66%) alcanzados por el sucesor Abelardo de la Espriella. La izquierda colombiana, aunque derrotada, conserva una base electoral sólida que garantiza su continuidad como fuerza política relevante en el Congreso.
