La administración de Gustavo Petro presentó ante el Consejo de Estado una demanda de nulidad electoral contra Abelardo de la Espriella, argumentando injerencia extranjera del presidente estadounidense Donald Trump y presuntas irregularidades técnicas que comprometen el resultado de los comicios.
Fundamentos jurídicos de la impugnación ante el Consejo de Estado
La demanda, encabezada por el abogado Luis Guillermo Pérez, busca impedir la toma de posesión del mandatario electo, programada para el 7 de agosto, al alegar una serie de vicios de fondo en el proceso electoral.
- Injerencia internacional: El escrito sostiene que el presidente Donald Trump intervino mediante mensajes en Truth Social donde instó al voto por De la Espriella y descalificó a su contrincante, Iván Cepeda, como un «marxista radical».
- Doble lealtad institucional: La acusación subraya que De la Espriella posee la ciudadanía estadounidense por naturalización, lo que implica un juramento de lealtad a un país extranjero que, según los demandantes, inhabilitaría su ejercicio como jefe de Estado colombiano.
- Autoproclamación ideológica: El candidato ultraderechista fue señalado por identificarse abiertamente como «el primer presidente republicano de Colombia», vinculando su plataforma política con los intereses del Partido Republicano en Estados Unidos.
Acusaciones de fraude informático y opacidad institucional
La impugnación extiende su radio de acción hacia los organismos electorales, señalando una vulnerabilidad sistémica en el procesamiento de los sufragios.
- Servidores externos: Petro denunció que el resultado electoral, ganado por un margen inferior al 1%, fue alterado mediante un «fraude cibernético» ejecutado desde un servidor en Los Ángeles, California.
- Vínculos empresariales: La denuncia apunta directamente a «los hermanos Bautista», propietarios de una firma informática proveedora de servicios tanto para la Registraduría Nacional como para el Consejo Nacional Electoral (CNE), como los presuntos operadores técnicos de la irregularidad.
El clima de tensión institucional y movilización social
El conflicto entre el gobierno saliente y el entrante ha derivado en una espiral de confrontación que trasciende la vía judicial, alcanzando niveles de inestabilidad política.
- Acciones judiciales: De la Espriella ha calificado a la administración de Petro como «la más corrupta de la historia» y prepara acciones ante la Fiscalía y diversas cortes contra funcionarios en ejercicio.
- Amenazas de extradición: Carlos Alonso Lucio, asesor de De la Espriella, afirmó que el presidente electo contempla el juzgamiento y posterior extradición de Gustavo Petro hacia los Estados Unidos.
- Desobediencia civil: En respuesta, sectores cercanos a la presidencia actual y al excandidato Iván Cepeda convocaron a una movilización nacional a partir del 26 de julio para defender la soberanía, mientras que el presidente electo ha advertido que responderá con la «fuerza del Estado» ante cualquier acto que considere fuera de la ley.
