Por Leslie Gordillo
CANCÚN.- En busca de establecer criterios nacionales sobre temas de relevancia ambiental en Mahahual, desde la Asociación Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), en conjunto con la ciudadanía, solicitaron la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que revise la situación de tres recursos de queja relacionados con el desarrollo urbano.
La petición busca atención concreta frente a modificaciones de Programas de Desarrollo Urbano que pueden afectar ecosistemas y comunidades, solicitud que ingresó el pasado 9 de junio ante la Presidencia de la Suprema Corte para que se revisen los recursos de queja 76/2026, 112/2026 y 113/2026 que existen ante el Primer Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito en Quintana Roo, derivados de los juicios de amparo 57/2026, 129/2026 y 134/2026.
«La solicitud plantea que el asunto reúne los requisitos constitucionales de interés y trascendencia para ser resuelto por el máximo tribunal del país. La petición expone que tres grupos distintos de ciudadanos promovieron juicios de amparo contra las modificaciones al Programa de Desarrollo Urbano de Mahahual; sin embargo, ninguno de ellos ha podido obtener un análisis de fondo de sus planteamientos debido a resoluciones que calificaron de manera distinta la naturaleza jurídica de los actos reclamados, lo que derivó en el desechamiento de las demandas«, explicaron.
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Se pide especial atención en los siguientes puntos: el alcance del derecho humano a un medio ambiente sano frente a los PDU municipales; el reconocimiento del interés legítimo de las comunidades para impugnar decisiones de planeación urbana que puedan afectar su entorno.
También los plazos para acceder al juicio de amparo en materia ambiental con acceso efectivo a la justicia, conforme a la Constitución y al Acuerdo de Escazú; la aplicación de principios ambientales como el precautorio, de participación ciudadana y el in dubio pro natura en la planeación del territorio.
«Los promoventes consideramos que la resolución de este asunto tendría efectos que trascienden a Mahahual, pues podría definir el estándar nacional para la protección judicial de los Programas Municipales de Desarrollo Urbano y sobre todo fortalecer el acceso a la justicia ambiental en beneficio de comunidades de todo el país», puntualizaron.
