La tercera mesa de diálogo entre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y el gobierno federal concluyó sin consensos, manteniendo la huelga magisterial activa. Las autoridades desglosaron propuestas sobre Usicamm y PensionISSSTE, que no abordan la demanda central de abrogación de la Ley General del ISSSTE de 2007, anticipando así una intensificación de las movilizaciones a nivel nacional.
Reunión crítica: gobierno expone propuestas sin satisfacer demanda central
La Ciudad de México fue el escenario de la tercera mesa de diálogo entre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y el gobierno federal, un encuentro que culminó sin acuerdos a solo una semana de la inauguración de la Copa Mundial FIFA 2026. La reunión, celebrada en la Secretaría de Gobernación (Segob), se prolongó por alrededor de dos horas y media. Los maestros disidentes, que previamente bloquearon accesos carreteros en Tlalpan, San Marcos y Ecatepec durante aproximadamente tres horas, se retiraron pacíficamente, a diferencia de las protestas previas.
Yenny Pérez, secretaria general de la Sección 22 de Oaxaca, informó al concluir la sesión que los titulares de la Segob, Rosa Icela Rodríguez; de Educación Pública, Mario Delgado; y el director del ISSSTE, Martí Batres, desglosaron las dos propuestas que ya habían entregado el día anterior. Estas iniciativas gubernamentales se centraron en la eliminación de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (Usicamm) y en mejoras al sistema PensionISSSTE.
La lideresa magisterial explicó que el desglose de estas propuestas será presentado y discutido en una asamblea de maestros programada para esa misma tarde. Subrayó que, si bien la respuesta gubernamental había sido «muy ambigua» y carente de fundamentos previos, el desglose actual ofrece una mayor claridad sobre la postura del gobierno federal. No obstante, enfatizó que dichas propuestas no satisfacen la «demanda central» de la CNTE.
Clave magisterial: la lucha por jubilación digna y reunión presidencial
La CNTE mantiene firmes dos exigencias principales que considera vitales para la resolución del conflicto. La primera y más importante es la abrogación de la Ley General del ISSSTE de 2007. Esta demanda es catalogada como la «demanda central a nivel nacional» y se vincula directamente con la búsqueda de una «jubilación digna», un compromiso que la CNTE asocia con el proceso de campaña impulsado en su momento por la actual presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.
La segunda exigencia crucial para la disidencia magisterial es la realización de una reunión directa con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Yenny Pérez lamentó que, a lo largo de las tres mesas de diálogo sostenidas hasta el momento, no se haya obtenido una respuesta favorable respecto a la concreción de este encuentro directo con la máxima autoridad del Ejecutivo.
Ante la falta de avances significativos y la ausencia de respuestas contundentes sobre la abrogación de la ley del ISSSTE, la CNTE advirtió que las movilizaciones magisteriales persistirán en la capital y en otras regiones del país. Pedro Hernández, secretario de la sección 9 de la Ciudad de México, reforzó esta postura, indicando que la continuidad de las protestas depende de la administración de la presidenta Sheinbaum Pardo, afirmando que «el balón está en su cancha». Con una analogía futbolística, Hernández destacó que «la final se gana hasta el último minuto y se gana con estrategia y se gana con equipo, y nosotros tenemos el mejor equipo», reafirmando la determinación de la CNTE. La organización imputó al Estado cualquier consecuencia derivada de la continuidad de estas acciones en el marco de la huelga nacional.
Advertencia estatal: escalada de persecución frente a la disidencia
Además de la falta de acuerdos en las mesas de diálogo, la CNTE denunció una creciente «represión» y «persecución» contra sus miembros. Yenny Pérez detalló la existencia de, al menos, 20 carpetas de investigación abiertas contra profesores del estado de Guerrero por su participación en un paro de 72 horas. A esto se suman oficios emitidos por autoridades educativas de Sonora, Chiapas, San Luis Potosí y la Ciudad de México, que buscan sancionar a maestros a partir del 1 de enero, fecha en que inició el paro nacional.
La lideresa magisterial también acusó una «persecución mediática» dirigida a los líderes de la CNTE, la cual considera una forma de «criminalización». Por ello, responsabilizó al gobierno federal por «cualquier situación que pueda ocurrir» en adelante. Pérez demandó un «alto a la persecución política» y solicitó al secretario de Educación Pública, Mario Delgado, emitir un documento oficial que cese la «represión administrativa y económica» contra todos los compañeros movilizados en el país.
La disidencia justificó las «acciones políticas» realizadas, incluyendo algunas con episodios de violencia, como una manifestación de la desconfianza existente hacia el gobierno y el «hartazgo» de los propios movilizados ante la ausencia de respuestas favorables a sus demandas centrales. La CNTE insistió en que la Secretaría de Gobernación debe «garantizar la reparación integral del daño» para los compañeros agredidos durante esta jornada de lucha, recriminando que las autoridades se preocupen más por los daños materiales que por las vidas y la integridad física de los manifestantes, citando el caso de un compañero de Oaxaca que perdió la vida en el marco de las movilizaciones.
Próximos pasos: la ANR decide el rumbo de la huelga nacional
Como es habitual desde el martes 2 de junio, los representantes de la CNTE anunciaron que instalarán su Asamblea Nacional Representativa (ANR) en la tarde. El objetivo de esta asamblea es informar a la base magisterial sobre los resultados de la mesa de diálogo más reciente y, en consecuencia, acordar las acciones y estrategias que se implementarán a partir del día siguiente. La toma de decisiones en la ANR es crucial para definir la intensidad y la naturaleza de las futuras movilizaciones en el contexto de la huelga nacional.
