El Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU emplazó al gobierno de Claudia Sheinbaum a informar, antes del 29 de agosto, sobre 17 desapariciones forzadas atribuidas a la Marina en 2018 y las medidas de protección para el defensor Raymundo Ramos Vázquez, víctima de espionaje Pegasus.
La exigencia urgente del Comité internacional
El Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas (CED) dirigió una comunicación, fechada el 29 de mayo en Ginebra, al gobierno de Claudia Sheinbaum. El objetivo principal de este emplazamiento es obtener información detallada sobre 17 desapariciones forzadas ocurridas en 2018, en las cuales se señala la participación de elementos de la Secretaría de Marina. La fecha límite establecida para la entrega de esta información es el 29 de agosto próximo. Este requerimiento se relaciona con la Acción Urgente número 478-494/2018, que demandaba la intervención del CED para localizar a 17 personas desaparecidas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, entre febrero y mayo de 2018.
Plazo para la rendición de cuentas
El órgano de tratado subrayó al Estado mexicano que la comunicación sobre estos casos se interrumpió en 2022. Por ello, el CED urgió a restablecer el flujo de información y notificar las medidas implementadas para la localización de las personas desaparecidas. Entre los individuos cuyo paradero aún no ha sido esclarecido se encuentran Maurico Toledo Cervantes, José Luis Bautista Carrillo, Alan de la Fuente Serna, Rubén de la Fuente Serna, Jorge Antonio Hernández Doínguez, Juan Calos Zaragoza González, Brando Eduardo Nevaréz García, Julio César Miramontes Arredondo, Alférez Hernández, Jonathan Ballesteros Loaiza, Marks Moreno Salas, Israel Jiménez Pacios, Daniel García Ramírez, Marco Antonio Romero Sánchez, José Daniel Trejo García, Gabriel Gaspar Vázquz y Adolfo Ángel Chigo Villegas. El Comité también lamentó que la última interacción sobre estos casos se haya producido el 11 de agosto de 2022, destacando que el tiempo transcurrido «resultó de circunstancias fuera de su control» y que «la suerte y el paradero de las 17 personas referidas (…) todavía no han sido esclarecidos a más de ocho años de su desaparición».
Estancamiento de ocho años en el esclarecimiento de hechos
La falta de avances en la localización de las 17 personas desaparecidas desde 2018 ha generado una profunda preocupación en el CED. Esta situación se agrava con el reciente contexto de absolución judicial que involucra a militares. La semana pasada, familiares de 20 personas desaparecidas en el mismo periodo en Nuevo Laredo protestaron en la Ciudad de México. Su manifestación se centró en la absolución, por parte de un juez federal, de siete marinos presuntamente implicados en la desaparición forzada de José Luis Bautista Carrillo, uno de los 17 casos en cuestión.
El análisis de contexto y sus limitaciones
En comunicaciones anteriores, el Estado mexicano reportó la elaboración de un «análisis de contexto», llevado a cabo por la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Desaparición Forzada de la Fiscalía General de la República (FGR). Este documento detallaba un «mapeo» de los casos vinculados con la acción urgente, los hallazgos de restos óseos en operativos de búsqueda, las búsquedas realizadas, y el «involucramiento de agentes del Estado en la comisión de violaciones graves a derechos humanos y los patrones de modus operandi», además de un informe forense sobre los restos. Sin embargo, el CED advirtió que existen zonas aún inexploradas en Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, identificando nueve puntos específicos que no han sido revisados. El argumento esgrimido para esta omisión fue «motivos de seguridad de los familiares de las personas desaparecidas», una justificación que el organismo internacional consideró inaceptable para la inacción de las autoridades.
Reafirmación de recomendaciones críticas
El CED ha reiterado una serie de recomendaciones al Estado mexicano, emitidas previamente en mayo de 2018, mayo de 2020 y 4 de octubre de 2024. Estas medidas buscan asegurar una respuesta efectiva y transparente a las desapariciones forzadas. La falta de evidencias sobre el cumplimiento de acuerdos con familiares de víctimas para abordar estos casos ha impulsado la necesidad de insistir en estas directrices.
Estrategia integral de investigación y búsqueda
Las recomendaciones urgentes incluyen el establecimiento inmediato de una «estrategia de búsqueda e investigación» para los 17 casos. Esta estrategia debe explorar todas las hipótesis, incluyendo el «involucramiento directo de agentes de la Marina Armada en los hechos», destacando que estos agentes habrían utilizado vehículos tipo pickup de diversos colores (no oficiales) o con características similares a los vehículos de la dependencia. Se exige, además, la disposición de «recursos materiales necesarios y personal adecuadamente capacitado para localizar a las personas desaparecidas», así como el procesamiento e identificación de los restos óseos encontrados. También se insta a explorar los nueve puntos pendientes señalados por los familiares y a entrevistar a los 30 elementos de la Marina que fueron detenidos inicialmente por las desapariciones de Nuevo Laredo en 2018. El Comité urgió a la Fiscalía encargada y a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) a mantener informados a los familiares sobre la judicialización de los casos y a dictar medidas cautelares en favor de los allegados de las víctimas y del presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL), Raymundo Ramos Vázquez, quien ha proporcionado acompañamiento.
El espionaje: una amenaza para los defensores de derechos humanos
El CED también expresó su preocupación por la falta de información respecto a la protección de los familiares y de Raymundo Ramos Vázquez. El Comité lamentó que el Estado Parte no haya proporcionado detalles sobre las medidas adoptadas para «proteger su vida e integridad personal y permitirles actividades relacionadas con los procesos de búsqueda e investigación relacionados con su caso, sin ser objeto de actos de violencia, intimidación, vigilancia u hostigamiento».
La vigilancia Pegasus y los mandatos de protección
La preocupación del CED se intensifica por las alegaciones de que Ramos Vázquez «habría sido víctima de actos de espionaje por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional mediante el uso del malware Pegasus». Ante esta situación, el organismo instó al Estado mexicano a realizar «sin demora» evaluaciones de seguridad para los familiares de las 17 víctimas de desaparición, a «preservar sus vidas e integridad personal» y a garantizar sus labores de búsqueda. Particularmente, enfatizó la necesidad de investigar las alegaciones de espionaje mediante Pegasus «de forma inmediata», sancionar a los responsables y proponer a Ramos Vázquez «el desarrollo de un análisis de riesgo y, en caso de que lo acepte, llevarlo a cabo de forma inmediata para identificar, en consulta directa con él, las medidas cautelares de protección que pueda necesitar». El Comité contra la Desaparición Forzada emplazó al Estado mexicano a enviar la información sobre las medidas recomendadas antes del 29 de agosto, advirtiendo que la comunicación será compartida con los familiares de las personas desaparecidas y su defensor, y que mantendrá abierta la Acción Urgente «mientras la suerte y paradero de las personas desaparecidas (…) no hayan sido esclarecidos».
