Alejandro Peza/CARIBE PENINSULAR
CHETUMAL.-La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de Quintana Roo informó que alcanzó un 97 por ciento de cumplimiento en la presentación de las declaraciones patrimoniales correspondientes al ejercicio 2025, trámite obligatorio para los servidores públicos estatales y municipales.
La titular de la dependencia, Reyna Arceo, detalló que de un universo aproximado de 43 mil funcionarios públicos obligados a cumplir con esta responsabilidad administrativa, la gran mayoría presentó en tiempo y forma su declaración patrimonial y de intereses.
No obstante, precisó que mil 031 trabajadores no realizaron este trámite dentro del periodo establecido, por lo que podrían enfrentar procedimientos administrativos y sanciones conforme a lo dispuesto por la normatividad vigente en materia de responsabilidades de los servidores públicos.
La funcionaria destacó que el porcentaje de cumplimiento alcanzado refleja una mayor cultura de transparencia y rendición de cuentas entre quienes desempeñan cargos dentro de la administración pública estatal.
Explicó que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno mantuvo durante todo el periodo de recepción diversos mecanismos de apoyo y orientación para facilitar el cumplimiento de esta obligación, incluyendo asesorías técnicas, capacitación y acompañamiento a las dependencias gubernamentales para resolver dudas relacionadas con el llenado y envío de la información.
Reyna Arceo indicó que una vez concluido el proceso de recepción, la dependencia iniciará la revisión de los casos de incumplimiento para determinar las acciones procedentes. Recordó que la legislación contempla desde amonestaciones y multas económicas hasta otras medidas administrativas dependiendo de cada situación particular y de la reincidencia de los servidores públicos involucrados.
Destacó que la presentación de las declaraciones patrimoniales permite verificar la evolución de los bienes, ingresos y posibles conflictos de interés de los funcionarios, contribuyendo a garantizar que el ejercicio del servicio público se realice bajo principios de legalidad, honestidad y transparencia.
La secretaria subrayó que el objetivo principal no es sancionar, sino fomentar el cumplimiento de las obligaciones legales y fortalecer los mecanismos de control interno que permitan consolidar una administración pública más eficiente y cercana a la ciudadanía.
