El paraje Loma del Águila en Concepción Zarrizal fue escenario de la ejecución de Ismael López Ramírez y Joel Martínez Hernández, integrantes del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI), a manos de una célula armada que calcinó el vehículo de las víctimas este lunes 20 de abril.
La violencia en la región de San Juan Copala escaló drásticamente alrededor de las 08:50 horas. De acuerdo con los reportes internos de la organización, el ataque no se limitó a los disparos mortales; los agresores procedieron a incendiar la unidad de transporte en la que viajaban López y Martínez, un acto de brutalidad que el MULTI califica como una muestra de odio y desprecio absoluto por la vida humana. Este suceso ha generado una alerta máxima en las comunidades indígenas de Oaxaca ante la operación abierta de comandos armados en territorios de organización social.
Se identifica directamente a Antonio Ramírez Martínez como el mando operativo detrás de esta agresión, presuntamente bajo las directrices de la familia Ortiz. Esta estructura caciquil es señalada por las bases comunitarias de recrudecer la violencia con una meta específica: instaurar un régimen de terror que desarticule los procesos de organización autónoma y siembre el miedo entre los habitantes de la zona.
La ejecución de los activistas se interpreta no como un incidente fortuito, sino como un eslabón en una estrategia de guerra sistemática contra los pueblos originarios. Esta ofensiva responde a un modelo de control territorial fundamentado en el uso de la fuerza para someter a quienes defienden la tenencia de la tierra, la autonomía comunal y el derecho elemental a la paz social.
Existe una denuncia abierta sobre la postura del Estado ante estos hechos. La falta de acción gubernamental se traduce en una complicidad por omisión, permitiendo que las estructuras armadas mantengan una impunidad total en sus incursiones. La ausencia de detenciones tras ataques previos ha facilitado que la violencia alcance estos niveles de crueldad en contra de los defensores del territorio.
La demanda de justicia es tajante: se requiere la intervención inmediata y efectiva de los niveles de gobierno estatal y federal. La urgencia radica en frenar la escalada bélica en la región mediante la captura y castigo de Antonio Ramírez Martínez, así como de los autores intelectuales pertenecientes a la familia Ortiz de Rastrojo Copala, responsables de orquestar la violencia que hoy enluta al movimiento indígena.
