La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la Fiscalía General de la República investiga la posible violación a la Ley de Seguridad Nacional tras el fallecimiento de agentes estadounidenses en Chihuahua. El cambio en la declaración del fiscal estatal, César Jáuregui, sugiere una operación conjunta no autorizada por la Federación.
La postura del Gobierno de México es tajante respecto a la soberanía nacional y el cumplimiento de los marcos normativos vigentes. El Ejecutivo federal enfatizó que, de ratificarse la existencia de una operación conjunta entre autoridades estatales de Chihuahua y agencias de Estados Unidos, se procederá con la aplicación de sanciones correspondientes. Este escenario derivaría inevitablemente en un extrañamiento formal, dado que cualquier actividad de seguridad que involucre a personal extranjero debe ceñirse estrictamente a los protocolos legales establecidos.
El giro en la narrativa oficial del fiscal de Chihuahua, César Jáuregui, ha activado las alarmas de la administración federal. Tras modificar su declaración inicial, la evidencia apunta a que existía un esquema de trabajo colaborativo directo en la entidad. Actualmente, las instancias correspondientes mantienen abierta una investigación para determinar las funciones específicas que desempeñaban dichas personas en territorio mexicano y verificar si se incurrió en una transgresión directa a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La regulación de la presencia de agentes extranjeros en el país es una facultad exclusiva de la Federación. Bajo este principio de Derecho, ningún gobierno estatal posee la atribución legal para generar operativos conjuntos de manera directa con agencias estadounidenses. La estructura de cooperación bilateral se basa en las siguientes directrices:
- Intercambio constante de información estratégica entre ambos países.
- Coordinación técnica y logística de alto nivel bajo supervisión federal.
- Prohibición explícita de operaciones conjuntas en tierra por parte de agentes externos.
- Sujeción total a los convenios de la Ley de Seguridad Nacional.
A pesar de que el incidente se considera un evento que sale del ámbito convencional de la coordinación con Estados Unidos, la relación bilateral se mantiene en términos de eficiencia operativa en otros frentes. Durante un encuentro reciente con el embajador Ronald Johnson, el diálogo se limitó al intercambio de condolencias, postergando los detalles técnicos para futuras reuniones con el gabinete de seguridad. La prioridad actual radica en el esclarecimiento del estatus legal de los agentes y la procedencia de su despliegue en Chihuahua, asegurando que ninguna entidad federativa actúe al margen de la política exterior mexicana.
