Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, fue detenido en Estados Unidos por presuntos nexos con «Los Chapitos», revelando una extensa investigación que involucra a funcionarios como el gobernador Rubén Rocha Moya y el vicefiscal Dámaso Castro en una trama de tráfico de drogas.
Un exsecretario de seguridad bajo custodia en Nueva York
El general en retiro Gerardo Mérida Sánchez, quien sirvió como exsecretario de seguridad en Sinaloa, se encuentra actualmente recluido en una prisión federal de Estados Unidos. La información, confirmada por el Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos (BOP), detalla que Mérida Sánchez está internado específicamente en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Nueva York. Su número de registro es el 62685-512. Fuentes cercanas a Proceso indicaron que la entrega del exsecretario a las autoridades estadounidenses ocurrió el lunes 11 de mayo de 2026.
Identificación del detenido y ubicación federal
Mérida Sánchez enfrenta acusaciones en Estados Unidos por supuestos vínculos con «Los Chapitos», una facción del Cártel de Sinaloa. Estas imputaciones lo conectan con otros funcionarios sinaloenses, entre quienes se menciona directamente al gobernador Rubén Rocha Moya. La detención de Mérida Sánchez se hizo pública el viernes 15 de mayo de 2026, lo que puso en el foco la magnitud de la investigación.
El periodo crítico al mando de la seguridad estatal
El militar de carrera ocupó el cargo de secretario de seguridad durante la administración de Rubén Rocha Moya. Su periodo en el puesto abarcó desde agosto de 2023 hasta diciembre de 2024. Este lapso coincidió con un auge significativo en el conflicto interno entre las facciones conocidas como «Los Mayos» y «Los Chapitos» dentro del Cártel de Sinaloa, un contexto de alta complejidad para la seguridad pública estatal.
Conexiones profundas: el gobernador y su círculo bajo escrutinio
Las acusaciones contra Mérida Sánchez se inscriben en una investigación más amplia que también involucra al gobernador Rubén Rocha Moya. Este último es señalado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de recibir sobornos por una suma de 100 mil dólares mensuales. Estos pagos, según la acusación, tenían como finalidad proporcionar información clasificada y brindar protección directa a la facción de «Los Chapitos».
Los señalamientos financieros y operativos contra la cúpula
La implicación de Rocha Moya y otros funcionarios en esta trama sugiere una presunta colaboración sistemática con la estructura criminal. La naturaleza de los sobornos, centrados en el flujo de información y la provisión de protección, apunta a una penetración de las redes del narcotráfico en esferas de gobierno de alto nivel, impactando directamente la capacidad del estado para combatir la criminalidad organizada.
Efecto dominó: las renuncias que precedieron a la detención
La detención del exsecretario de seguridad Gerardo Mérida Sánchez no es un hecho aislado. Previamente, el 5 de mayo de 2026, el vicefiscal de Sinaloa, Dámaso Castro, presentó su separación del cargo. Esta decisión se produjo después de que Castro fuera acusado junto con el gobernador y otros ocho funcionarios. La renuncia del vicefiscal tuvo lugar apenas cuatro días después de que Rubén Rocha Moya y Juan de Dios Gámez, el alcalde de la capital del estado, anunciaran su separación temporal de sus respectivos cargos. Estas acciones fueron tomadas con el objetivo de facilitar las investigaciones que se desarrollan en México, lo que sugiere una serie de pesquisas coordinadas.
La controversia del vicefiscal y el caso Cuén Ojeda
Casi dos años antes de estos eventos, Dámaso Castro ya había estado en el centro de una polémica. El Ministerio Público reconoció fallas y omisiones críticas en la investigación que la Fiscalía de Sinaloa había abierto sobre el asesinato de Héctor Cuén Ojeda, político y exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Este crimen ocurrió el 25 de julio de 2024.
Revelaciones de «El Mayo» Zambada y conexiones internacionales
El caso de Cuén Ojeda tomó un giro inesperado cuando la defensa de Ismael «El Mayo» Zambada, un excapo detenido, hizo pública una carta atribuida al narcotraficante. En dicha misiva, Zambada supuestamente reconocía que Cuén Ojeda, quien era un rival político de Rubén Rocha Moya, fue asesinado durante una operación de secuestro. La carta señalaba a Joaquín Guzmán López, hijo del condenado excapo Joaquín «El Chapo» Guzmán, como responsable. Guzmán López y Zambada fueron detenidos el mismo 25 de julio de 2024 en Texas, en una operación que México ha descrito como confusa y sobre la cual ha solicitado explicaciones a Estados Unidos, sin recibir respuesta hasta la fecha.
La postura de Estados Unidos: cargos formales y advertencias
La fiscalía de Nueva York ha hecho pública una acusación formal por tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas. Esta imputación incluye directamente a Rubén Rocha Moya, Juan de Dios Gámez, Dámaso Castro, y otros siete funcionarios mexicanos. Entre los señalados se encuentran un senador perteneciente al partido Morena, así como policías, tanto activos como retirados.
El listado de acusados por la fiscalía de Nueva York
La acusación detalla que estos diez funcionarios desempeñaron un rol fundamental en la asistencia a la facción de «Los Chapitos» del Cártel de Sinaloa. Su colaboración habría facilitado la introducción de diversas drogas, incluyendo fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina, desde México hacia Estados Unidos.
La proyección de la DEA sobre futuras acciones legales
En el Senado estadounidense, el director de la DEA, Terry Cole, afirmó que el caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, «es sólo el comienzo». Ante estas declaraciones, la mandataria mexicana (cuya identidad no se especifica en la fuente) insistió en la necesidad de que Estados Unidos presente pruebas concretas contra el político de Morena. Estas advertencias de la DEA y la demanda de pruebas por parte de México subrayan la tensión y la gravedad de las implicaciones internacionales de estas acusaciones.
