La iniciativa gubernamental de «verdad oficial» confunde el deber del Estado con un derecho propio. Arbitrar la verdad no es su facultad, sino garantizar la información. Esta premisa errónea desvirtúa una garantía democrática fundamental, transformando un derecho ciudadano en instrumento del poder.
La redefinición del derecho: cuando el Estado reclama la narrativa
El derecho a la información constituye una prerrogativa inherente a las personas, no del Estado. Es el gobernado quien ostenta la titularidad de este derecho, mientras que la autoridad se erige como su destinatario obligado. Instrumentos jurídicos como el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos lo definen mediante tres verbos clave: buscar, recibir y difundir información. Estos verbos delinean facultades exclusivas del individuo, sin otorgar potestad alguna al gobierno en esta materia.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Claude Reyes y otros vs. Chile (2006), reafirmó que el acceso a la información en poder del Estado es un derecho humano, protegido por el artículo 13 de la Convención Americana. En esta estructura, el Estado se posiciona como el sujeto con la obligación de entregar la información, no como el titular de la misma. En línea con esta lógica, el artículo 6 de la Constitución mexicana establece que el derecho a la información «será garantizado por el Estado», bajo el principio de máxima publicidad. Garantizar un derecho difiere sustancialmente de ejercerlo.
Esta distinción no invalida el deber real del Estado de transparentar su gestión y rendir cuentas. Sin embargo, informar sobre sus propios actos y calificar la información generada por terceros son acciones fundamentalmente distintas. La Constitución ordena lo primero, pero no autoriza lo segundo. La diferencia crucial radica en que el Estado funciona como fuente de información, no como un medio de comunicación. Su rol es aportar los hechos verificables de su gestión, el «qué». La sociedad y sus medios de comunicación asumen la labor de interpretarlos, jerarquizarlos y someterlos a crítica, el «cómo». Cuando el gobierno asume ambas funciones, deja de ser una mera fuente: se convierte simultáneamente en juez y parte del relato de su propio desempeño. De esta forma, la verdad pública deja de construirse a través del contraste y el debate para ser decretada directamente desde el poder. En una democracia, la verdad sobre los asuntos públicos no se proclama; se verifica.
Atribuir al Estado una «versión de la verdad» autorizada confunde la comunicación oficial, que es legítima, con una pretensión de monopolio interpretativo. Invertir la titularidad del derecho, transfiriéndolo del ciudadano al poder, no fortalece la garantía. Por el contrario, transforma lo que fue concebido como un límite al poder en un instrumento para su ejercicio.
Silencios impuestos: la sutil maquinaria de la censura indirecta
El derecho internacional anticipó la existencia de censura sin la necesidad de censores explícitos. El artículo 13.3 de la Convención Americana prohíbe las restricciones a la expresión mediante «vías o medios indirectos», incluyendo el «abuso de controles oficiales». De manera similar, la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana proscribe las presiones indirectas. No se requiere una prohibición directa para inhibir; basta con instaurar un costo asociado al ejercicio de un derecho.
Un programa gubernamental semanal dedicado a descalificar líneas editoriales específicas instala precisamente ese costo. Genera un efecto disuasorio, conocido en la doctrina constitucional como «chilling effect»: el periodista modera su escrutinio para evitar ser señalado desde las esferas del poder. Esto no es una metáfora, sino una categoría jurídica reconocida. El Estado, sin prohibir acción alguna, desalienta el ejercicio de un derecho fundamental. La autocensura resultante no deja rastro en ningún expediente oficial, pero su operación es efectiva y constante.
La Corte Interamericana, en su Opinión Consultiva OC-5/85, estableció dos ideas de relevancia capital: la libertad de expresión es la «piedra angular» de la democracia y posee una doble dimensión. Por un lado, el derecho de cada individuo a expresarse; por el otro, el derecho de la colectividad a recibir información plural y diversa. El señalamiento oficial sistemático y la descalificación pública menoscaban ambas facetas de esta libertad esencial.
Tres precisiones complementan este argumento. En primer lugar, el Estado no puede considerarse un emisor más en el debate público. Con acceso privilegiado a la información oficial, un presupuesto público considerable, un alcance masivo y la autoridad inherente a su cargo, no participa en igualdad de condiciones. Su intervención condiciona y desequilibra el debate. En segundo lugar, la jurisprudencia interamericana, desde el caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica (2004), sostiene que quien ejerce el poder público está sujeto a un umbral de crítica más amplio, no más estrecho. El escrutinio hacia el gobernante no debe interpretarse como un abuso a corregir, sino como una función vital a proteger en cualquier sociedad democrática. Finalmente, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, en su Observación General núm. 34, recordó que una prensa libre es una condición indispensable para la democracia. Este ecosistema de prensa se ha extendido significativamente, abarcando medios tradicionales, plataformas digitales y voces emergentes de Internet. Cuestionar sistemáticamente su credibilidad cada semana no contribuye a informar, sino que disuade y erosiona la confianza pública en la labor periodística.
El debate degradado: la verdad oficial como método de polarización
Un programa diseñado para contraponer «la verdad del gobierno» a la de sus críticos institucionaliza el conflicto, convirtiéndolo en una rutina del calendario público. Este enfoque sustituye el debate plural y diverso por un esquema binario: el relato oficial frente a todas las demás perspectivas. En este escenario, a la ciudadanía ya no se le invita a deliberar, sino que se le pide alinearse con una u otra posición. La polarización, que en ocasiones es un efecto colateral, se transforma en un método de gestión de la conversación pública. La disputa basada en la evidencia cede terreno ante la disputa de lealtades.
Esta dinámica contradice el fundamento mismo de la libertad de expresión, cuyo objetivo es proteger un debate «desinhibido, robusto y abierto», según la clásica formulación del caso New York Times vs. Sullivan (1964). Presupone la existencia de un «mercado de las ideas», una noción que se remonta al voto disidente del juez Holmes en Abrams vs. Estados Unidos (1919), donde la verdad se abre paso por contraste y verificación, no por decreto. Y, fundamentalmente, presupone pluralismo, un concepto que la propia Opinión Consultiva OC-5/85 vincula directamente con la subsistencia de la democracia. Un canal oficial de refutación permanente no enriquece este mercado; por el contrario, lo estrecha.
Existe, además, un problema intrínseco de recursos. El programa se financia con presupuesto público, y este presupuesto pertenece a la totalidad de la ciudadanía, sin importar su afinidad política. Destinar estos fondos a refutar editoriales o descalificar críticos compromete seriamente la neutralidad del gasto público. Los fondos comunes deben sufragar deberes estatales esenciales, como informar, transparentar y rendir cuentas, y no la posición de una de las partes en una controversia pública.
Hay una razón final, quizás la más concluyente: los cauces idóneos para la corrección ya están establecidos y operativos. Frente a una información inexacta sobre un acto de gobierno, el ordenamiento jurídico ofrece vías proporcionadas y respetuosas de las libertades individuales. Entre ellas se encuentran el derecho de réplica, las aclaraciones oficiales, los portales de transparencia y las instancias jurisdiccionales. Estas herramientas permiten corregir un error puntual sin necesidad de instaurar una refutación sistemática y permanente desde el poder. Un programa semanal que establece una postura oficial no viene a llenar ningún vacío. Lo que hace es sustituir herramientas equilibradas por un instrumento estructuralmente desequilibrado, en el cual la parte con mayor poder se erige de manera permanente en árbitro de todas las demás voces.
El derecho a la información fue concebido para proteger a las personas frente al poder. Una iniciativa que lo reorienta para proteger al poder frente a las personas no lo fortalece; lo desnaturaliza en su esencia misma. La información se robustece con un mayor acceso, una transparencia sin fisuras y un pluralismo genuino. Nunca se consolida mediante una tribuna oficial destinada a decretar la verdad.
