La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) inmovilizó preventivamente las cuentas del exgobernador Rubén Rocha Moya y nueve colaboradores, vinculados por Estados Unidos a «Los Chapitos». Esta medida automática salvaguarda el sistema financiero ante acusaciones de narcodelito, conforme confirmó la presidenta.
Mecanismos automáticos detonan el blindaje financiero
La presidenta Claudia Sheinbaum validó el congelamiento de cuentas solicitado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) contra el exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve funcionarios adicionales de la entidad. Esta acción surge a raíz de sus presuntos nexos con la facción «Los Chapitos» del Cártel de Sinaloa, según investigaciones.
Durante su conferencia matutina del lunes 18 de mayo de 2026, Sheinbaum explicó la naturaleza preventiva de la medida. Detalló que, al existir órdenes de aprehensión emitidas en Estados Unidos contra diez individuos, los bancos mexicanos, dada su interconexión con las instituciones financieras estadounidenses, activan protocolos automáticos. Esta respuesta preestablecida es el origen de la intervención de la UIF. La presidenta añadió que la UIF emitiría un comunicado para clarificar los pormenores de este procedimiento estandarizado, aplicable en escenarios de este tipo.
Escalada de acusaciones estadounidenses y su impacto regional
La medida de inmovilización financiera se sitúa en el contexto de graves imputaciones formuladas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Estas acusan directamente a Rubén Rocha Moya y a su círculo cercano de colaboradores de mantener vínculos con facciones del Cártel de Sinaloa, específicamente con «Los Chapitos». Las acusaciones abarcan delitos complejos, como conspiración para la importación de narcóticos y otras actividades ilícitas conexas, subrayando la seriedad de los señalamientos transnacionales.
El viernes 15 de mayo, durante una conferencia previa, la presidenta Sheinbaum había declarado carecer de información pormenorizada sobre la acción de la UIF, solicitando en ese momento un informe oficial para obtener claridad. Por su parte, el exgobernador Rocha Moya, quien recientemente pidió licencia de su cargo, ha refutado categóricamente las acusaciones estadounidenses, calificándolas de infundadas. Esta situación ha elevado la tensión en las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos, además de dirigir un intenso escrutinio público hacia la élite política del estado de Sinaloa.
La postura oficial de la UIF y la expansión investigativa
La Unidad de Inteligencia Financiera ha ampliado el alcance de sus indagaciones, extendiéndolas al rastreo de empresas, socios y diversas firmas que pudieran estar vinculadas al entorno del exgobernador Rocha Moya. Esta extensión subraya el compromiso con la detección integral de posibles redes financieras ilícitas.
Durante la mañana del 18 de mayo de 2026, la UIF, dependiente de la Secretaría de Hacienda, oficializó su postura mediante un comunicado. En este, informó sobre la adición de individuos a su Lista de Personas Bloqueadas (LPB) bajo un carácter estrictamente preventivo. Estos movimientos se originan en reportes internos de instituciones del sistema financiero mexicano, los cuales, a su vez, se activaron a partir de los señalamientos públicos y oficiales emitidos por las autoridades de Estados Unidos. La activación de los bancos mexicanos, realizando los alertamientos pertinentes, culminó en las acciones preventivas de inmovilización dirigidas a Personas Políticamente Expuestas de Sinaloa.
