La comunidad purépecha de Sevina, Michoacán, sufrió un ataque armado la noche del domingo, resultando en la muerte de dos kuarichas y un herido grave. Este incidente reaviva el debate sobre la seguridad y autonomía indígena frente a la presencia delictiva y la persistente inacción estatal.
La emboscada nocturna que quebró la paz en Sevina
La noche del domingo, aproximadamente a las 20:30 horas, un comando armado irrumpió en la comunidad purépecha de Sevina, perteneciente al municipio de Nahuatzen, Michoacán. El ataque se concentró en la barricada de vigilancia de la zona conocida como La Astilladora, donde integrantes de la ronda comunal, identificados como kuarichas, realizaban tareas de control y revisión.
Durante la agresión, dos kuarichas fueron asesinados y un tercero resultó gravemente herido. Un audio difundido por medios locales capturó la desesperada alerta de uno de los comuneros por radio: «¡Apoyo, apoyo!, en Sevina, Michoacán, nos están tirando, hay dos bajas.» La caseta donde los miembros de la ronda comunal intentaron repeler el asalto mostraba evidencia de haber recibido al menos medio centenar de impactos de bala.
Vidas truncadas y la denuncia del Consejo Supremo Indígena
Los kuarichas fallecidos fueron identificados como Jesús Álvarez Gutiérrez e Ignacio Campos Guerrero. Tras los hechos, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) emitió un comunicado en el que acusó directamente la ineficacia de las políticas estatales.
La organización indígena sentenció que «los discursos y la falsa imagen de un Estado de Derecho en Michoacán han sido eso, meramente discursos, sigue gobernando un poder que ve en la organización comunal un enemigo». Esta declaración subraya una profunda desconfianza en la administración y sus promesas de seguridad.
Cierre de barricadas: la resistencia comunal ante la inacción estatal
En respuesta inmediata al ataque, Sevina procedió al cierre hermético de sus dos barricadas de acceso a la comunidad. Simultáneamente, se activó un «Código Rojo» en la región de la Meseta Purépecha, lo que derivó en el despliegue de un operativo conjunto que involucró a elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Guardia Civil.
El ayuntamiento de Nahuatzen, por su parte, emitió un comunicado de condolencias. En dicho pronunciamiento, se aseguró que el resto de las comunidades y zonas del municipio no presentaron incidentes relacionados, y que las actividades cotidianas mantenían su normalidad. Esta afirmación contrastó con la urgencia y gravedad de la situación en Sevina.
Las comunidades integradas en el CSIM se declararon en estado de alerta máximo. Anunciaron que se reservan el derecho a actuar y a organizarse, lanzando un emplazamiento al Estado Mexicano para que «garantice la paz, justicia y tranquilidad en nuestras comunidades y si esto no es posible lo deje en manos de quien pueda atender dicha petición». Adicionalmente, exigieron al Ayuntamiento de Nahuatzen que «cierre las puertas al grupo delincuencial que atacó a la ronda comunal de Sevina, toda vez que se refugian en la cabecera municipal».
Nahuatzen bajo asedio: entre cárteles y la exigencia a las autoridades
El municipio de Nahuatzen está bajo la gobernanza del perredista Sergio Antonio Puntos Molina. En este territorio, se ha documentado la presencia y operación de organizaciones criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación y Cárteles Unidos, factores que complejizan la ya deteriorada situación de seguridad para sus habitantes.
Un historial de violencia: cuando las promesas de seguridad se desvanecen
Los habitantes de Sevina habían realizado movilizaciones previas para demandar seguridad en la región. En marzo de 2025, se manifestaron en Morelia, implementando un bloqueo en el Centro Histórico. Durante esta protesta, recordaron que desde el año 2022 las autoridades se comprometieron a establecer una Base de Operaciones Institucionales en la región, una promesa que hasta la fecha permanece incumplida.
La escalada de violencia no es un incidente aislado en la región. Apenas el seis de mayo último, la comunidad de Acachuén, situada en el municipio de Chilchota, también fue blanco de un ataque armado. En aquella ocasión, dos adultos mayores fueron asesinados y un habitante más resultó herido.
Pese a las constantes movilizaciones y las exigencias reiteradas de los comuneros, el Gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla ha mantenido una postura restrictiva. Se ha rechazado entablar una Mesa de Negociación si esta no se realiza en Morelia, argumentando que salir de sus territorios representa una situación de riesgo para los propios habitantes. Esta postura ha sido criticada por la dificultad que implica para las comunidades afectadas el desplazamiento a la capital, dada la inseguridad latente.
