La Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California investiga a «La Patrulla Espiritual» en Tijuana tras una denuncia del Comité de Colectivas y Colectivos LGBTTTIQA+ por violencia y privación ilegal de la libertad contra una persona trans. El caso, confirmado por la fiscal general, expone fallas en protocolos de centros de adicciones y vulneración de derechos humanos.
La denuncia que activó la investigación penal en Tijuana
La Patrulla Espiritual, un centro dedicado a la atención de adicciones ubicado en Tijuana, enfrenta una formal acusación ante la Fiscalía General del Estado de Baja California. La denuncia, interpuesta por el Comité de Colectivas y Colectivos LGBTTTIQA+, señala presuntos actos de maltrato y violencia dirigidos hacia una persona de la comunidad trans. La fiscal general, Ma. Elena Andrade Ramírez, validó públicamente la existencia de esta querella el miércoles 13 de mayo, durante la conferencia matinal de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda. Esta confirmación surgió tras días de intensa polémica, iniciada por la difusión en redes sociales de un video que documentaba la detención de la víctima.
La persona afectada ha sido identificada como Karim Emanuel, según registros de La Patrulla Espiritual. Un video posterior mostró a la madre de Emanuel, quien manifestó su acuerdo con las acciones emprendidas por el centro. Adicionalmente, la madre indicó que su hijo poseía una ficha de búsqueda por desaparición y, en sus propias palabras, «por las drogas no sabe exactamente su sexo». Los hechos concretos, según el Comité citado, tuvieron lugar el 9 de mayo en la ciudad fronteriza, donde la víctima fue objeto de «privación ilegal de la libertad» al ser trasladada en contra de su voluntad a uno de estos establecimientos bajo el pretexto de una «supuesta rehabilitación».
La agresión contra la identidad de género revelada en videos
El incidente del 9 de mayo puso de manifiesto una serie de actos de violencia y humillación que, según los testimonios y videos difundidos, fueron dirigidos específicamente contra la identidad y expresión de género de la víctima. El Comité de Colectivas y Colectivos LGBTTTIQA+ detalló que «en las imágenes se observa a la mujer visiblemente asustada, solicitando ser liberada y manifestando su negativa rotunda a ser trasladada». Esta situación subraya una clara violación a la autonomía personal y a la dignidad.
El personal del centro, a pesar de las súplicas expresadas por Karim Emanuel, procedió a «vulnerar su dignidad humana». Los activistas enfatizaron que los «intentos de imponerle vestimenta masculina y cortar su cabello no son solo actos de fuerza, sino que constituyen violencia simbólica, psicológica y de género, así como posibles tratos crueles y degradantes motivados por el prejuicio». Estas acciones representan una forma de violencia estructural, reforzando estereotipos y buscando anular la expresión de la identidad individual.
La tipificación del Ecosig y la vulneración legal
El comité de colectivos remarcó que los actos perpetrados equivalen a un «Esfuerzo para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género (Ecosig)». En Baja California, esta conducta está tipificada como delito dentro del Código Penal, específicamente en el capítulo de delitos contra el Libre Desarrollo de la Personalidad. Los hechos descritos, con el uso de «violencia física y mora», se manifestarían «en grado de tentativa».
Esta situación trasciende la esfera penal, configurando una grave violación a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Artículo 1º de la Carta Magna prohíbe explícitamente toda discriminación motivada por preferencia sexual o por identidad de género, lo que coloca el accionar del centro en una posición de clara ilegalidad y contravención a principios fundamentales de igualdad y respeto.
Las autoridades responden con refuerzo de protocolos para centros
Ante la gravedad de la denuncia, la fiscal general, Ma. Elena Andrade Ramírez, confirmó que existe una querella formal contra La Patrulla Espiritual. La funcionaria adelantó que la FGE solicitará toda la información necesaria para una exhaustiva revisión del centro. «Hay una denuncia radicada por privación ilegal de la libertad y lo que resulte en investigación», declaró la fiscal, señalando la amplitud de la pesquisa.
Paralelamente, las autoridades del gobierno estatal anunciaron un reforzamiento de los protocolos de actuación internos en los establecimientos especializados en el tratamiento de adicciones. Belinda Rodríguez Moreno, titular de la Secretaría de Inclusión Social e Igualdad de Género (SISIG), reconoció públicamente la crucial labor de las organizaciones de la sociedad civil que asisten a personas en situación de vulnerabilidad, especialmente aquellas en situación de calle.
Rodríguez Moreno destacó que la gobernadora ha «instruido que desde una mesa interinstitucional reforcemos la capacitación y los protocolos de actuación hacia dentro de los establecimientos especializados para el tratamiento de adicciones». Este enfoque busca garantizar que las personas en situación de calle, quienes cuentan con derechos inalienables, sean tratadas con dignidad, desde una perspectiva de derechos humanos y sin discriminación alguna.
El secretario Adrián Medina Amarillas, de la Secretaría de Salud de Baja California, añadió que han sostenido reuniones con los propietarios de estos centros y realizan las visitas pertinentes para verificar su cumplimiento normativo. Subrayó la disposición de la mayoría de los 350 centros oficiales en la región para «apegarse a la normatividad para poder reinsertar estas personas a la sociedad». Todos los establecimientos, según el secretario, cuentan con un protocolo de actuación validado por la Secretaría de Salud.
Intervención de derechos humanos y salvaguarda de la víctima
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC), presidida por Jorge Ochoa, tomó cartas en el asunto. La institución ha abierto un expediente de oficio y ha emitido medidas cautelares específicas para proteger la integridad física de la mujer trans que se encuentra en el centro de rehabilitación.
El objetivo principal de estas medidas es «ver en qué parte está, cómo está siendo tratada, si está bien físicamente», explicó Ochoa. Un visitador de la CEDHBC ya ha logrado conversar con la víctima, quien refirió que «está siendo respetada». El presidente de la comisión hizo un señalamiento crucial: el hecho de que una persona esté afectada por el consumo de sustancias no suspende sus derechos humanos fundamentales, como el derecho al libre tránsito y a la integridad física.
