José Marcos Morales/CARIBE PENINSULAR
CANCÚN.- El contralor del municipio de Benito Juárez, Hilario Gutiérrez Valasis, informó que en lo que va del año se han recibido alrededor de 17 denuncias contra funcionarios del gobierno local.
“ Pues nosotros hemos estado pasando, yo creo que más o menos como unas 10, 12 denuncias aproximadamente. Y, en el sentido de cuestiones al Tribunal de Justicia Administrativa otros cuatro, cinco más, más o menos”, comentó.
Explicó que la Contraloría se encarga de integrar los expedientes y determinar si las acusaciones contra funcionarios pueden ser consideradas como no graves y graves, aunque es la dependencia la encargada de tramitar las actas administrativas o, en algunos casos, el despido de los burócratas que se haya comprobado alguna irregularidad en sus funciones.
“Lo que ocurre desde el ámbito de la Contraloría es que vamos a llegar a una sanción grave o no grave. La no grave no significa que no pase nada, o sea, la no grave las consecuencias pueden llegar hasta una inhabilitación de un año”, ahondó.
Y en, en el caso de las sanciones graves, puede llegar a multas, infracciones, a devolver recursos mal ejecutados o mal aplicados, así como la inhabilitación o, incluso la privación de la libertad en caso de determinar que se merezca un proceso penal, añadió.
El funcionario aseguró que las dependencias con mayor número de señalamientos son aquellas que mantienen contacto directo con la ciudadanía, como las direcciones de Tránsito, de Fiscalización, de Comercio en Vía Pública, así como la Tesorería y Desarrollo Urbano.
Respecto a los recientes casos de policías exhibidos por presuntos actos de corrupción, Gutiérrez Valasis confirmó que la Contraloría ya investiga al elemento de Tránsito captado en un video difundido en redes sociales en un presunto acto de corrupción.
En cuanto al caso del miembro de la Policía Turística captado en un presunto cobro irregular, dijo que espera que la Secretaría de Seguridad Ciudadana municipal presente de manera formal la denuncia correspondiente, para determinar si las conductas ameritan sanciones administrativas o penales.
