Redacción/CARIBE PENINSULAR
MÉRIDA.- Un estudio realizado por Greenpeace México detectó elevados niveles de contaminación bacteriana y fecal en pozos y cenotes de Yucatán, lo que encendió nuevamente las alertas sobre los efectos de las megagranjas porcícolas en el acuífero de la Península y la falta de acciones de las autoridades ambientales.
De acuerdo con los resultados difundidos este martes, 16 de las 17 muestras de agua analizadas alcanzaron el límite superior de medición de coliformes totales, mientras que 13 registraron concentraciones superiores a mil 800 NMP por cada 100 mililitros de coliformes fecales.
El estudio fue realizado en agosto pasado mediante monitoreo comunitario y análisis de laboratorio acreditado, en pozos y cenotes de Kinchil, Sitilpech, Motul, Chocholá, Molas, Celestún y San Antonio Tedzidz.
Los análisis también identificaron la presencia de nitratos en la mayoría de las muestras, con dos casos, correspondientes a Motul y Chocholá, que superaron la referencia de 50 miligramos por litro establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Además, cuatro muestras alcanzaron el límite superior de medición de enterococos fecales, mientras que en distintos puntos se encontraron concentraciones elevadas de fósforo, sólidos suspendidos y otros indicadores de deterioro de la calidad del agua.
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Aunque los resultados no permiten establecer que todos los cenotes y pozos de Yucatán presentan las mismas condiciones, sí documentan problemas de contaminación en los sitios estudiados.
La Red en Defensa del Agua y el Territorio Maya To’oné Ja’o’on y Greenpeace México advirtieron que estos hallazgos se suman a investigaciones realizadas en 2024 y 2026, mediante laboratorios de la UNAM y la Universidad Johns Hopkins, que identificaron contaminación fecal de origen porcino mediante el método especializado Pig2Bac.
Sin embargo, el monitoreo de agosto, por sí solo, no permite determinar con certeza el origen de todos los contaminantes detectados.
Las organizaciones denunciaron que, a un año de haber presentado una denuncia popular ante las autoridades federales, persisten omisiones en la inspección y vigilancia de las instalaciones porcícolas industriales.
Entre las dependencias señaladas se encuentran la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Las comunidades cuestionaron particularmente la falta de medidas efectivas contra instalaciones señaladas por presuntas irregularidades ambientales, entre ellas las granjas GARY 5 y 6, en Chocholá; MOBA, en Maxcanú, y complejos de Kekén, en Kinchil y Celestún.
También expresaron preocupación por el traslado de miles de cerdos desde la granja clausurada de Santa María Chí hacia instalaciones ubicadas en las zonas de Tepacal y San Antonio, aproximadamente a 15 kilómetros de Molas.
Advirtieron que esta situación podría representar nuevos riesgos para la Reserva Ecológica Cuxtal, una zona de importancia ambiental vinculada con el abastecimiento de agua de Mérida.
Ante este panorama, las organizaciones exigieron inspecciones ambientales efectivas, transparentes y públicas, así como monitoreos independientes y periódicos de la calidad del agua, con participación de las comunidades afectadas.
También solicitaron investigar una mortandad de peces registrada en una laguna entre Kinchil y Maxcanú, reparar los daños ambientales acreditados en Santa María Chí y garantizar los derechos de los pueblos mayas.
La problemática adquiere especial relevancia por las características del suelo de la Península de Yucatán, formado principalmente por roca caliza porosa, que facilita la infiltración de contaminantes hacia los mantos acuíferos y su circulación a través de sistemas subterráneos conectados con cenotes y cavernas.
En marzo pasado, el relator especial de la ONU sobre sustancias tóxicas y derechos humanos, Marcos Orellana, también había llamado a reforzar la supervisión de las megagranjas porcícolas y proteger los derechos de las comunidades mayas frente a la expansión de esta industria.
Las nuevas denuncias se producen mientras las organizaciones ambientales mantienen sus exigencias para que las autoridades federales intervengan ante la contaminación del agua y las posibles afectaciones a los ecosistemas de la Península.
