Amnistía Internacional reportó que las desapariciones en México alcanzaron un registro crítico de 133,500 personas a finales de 2025, un incremento del 10.5% frente al año anterior. Este escenario obligó al Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada a activar, por primera vez en la historia, protocolos internacionales de protección ante la gravedad de la situación.
El informe anual «La situación de los derechos humanos en el Mundo. Análisis Global y perspectivas regionales» documenta un panorama generalizado de violaciones cometidas por el gobierno y otros agentes, marcado por la ausencia de rendición de cuentas e injusticias sistémicas. Estos escenarios, detectados con persistencia en 2026, reflejan una crisis profunda donde el Estado mexicano, bajo la administración de Claudia Sheinbaum, ha negado categóricamente la existencia de desapariciones forzadas, pese a las evidencias presentadas por organismos multilaterales.
La violencia contra quienes buscan a sus familiares también experimentó un repunte alarmante. Durante 2025, se registraron seis asesinatos de personas buscadoras —cuatro mujeres y dos hombres—, lo que subraya el riesgo extremo que enfrentan los colectivos civiles ante la inacción oficial. Esta deficiencia gubernamental ha forzado a las familias, integradas mayoritariamente por mujeres, a realizar labores de búsqueda por su cuenta, localizando cientos de restos calcinados en fosas clandestinas en al menos diez estados, incluyendo hallazgos óseos en el rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco.
- Cifras de impunidad: El país mantiene un rezago de 73,100 cadáveres sin identificar en morgues oficiales.
- Fallas legislativas: Las reformas se centraron en cruces de datos masivos, omitiendo el fortalecimiento de las fiscalías y del Centro Nacional de Identificación Humana.
- Opacidad militar: El Ejército continúa negando información clave sobre el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, bloqueando el acceso a la verdad y la justicia.
- Violencia de género: Se acumularon 2,589 expedientes de asesinatos de mujeres, de los cuales solo 672 fueron tipificados como feminicidios; adicionalmente, 3,637 mujeres fueron reportadas como desaparecidas.
La militarización de la seguridad pública ha exacerbado las denuncias de violencia de género cometidas por efectivos militares contra mujeres. En este contexto de hostilidad, México se consolida como el segundo país más peligroso a nivel mundial para defensores de derechos humanos, con 32 asesinatos registrados en 2024. El asalto al domicilio de Dora Robledo, directora del Centro Fray Bartolomé de Las Casas, ejemplifica la vulnerabilidad extrema de quienes protegen los derechos fundamentales.
El ejercicio del periodismo también enfrenta una crisis de seguridad sin precedentes. Siete periodistas fueron asesinados por su labor informativa, mientras que los casos de acoso judicial contra profesionales de la comunicación se duplicaron, alcanzando 51 incidentes que afectaron a 39 periodistas y 12 medios de comunicación. Paralelamente, el derecho a la protesta fue vulnerado en 14 entidades, destacando actos de represión policial contra mujeres en Puebla.
La gestión migratoria y el desplazamiento interno forzado completan el análisis de Amnistía Internacional. El desplazamiento interno creció un 129% en 2024, afectando a 28,900 personas, principalmente en Chiapas, Guerrero y Michoacán. Mientras tanto, el envío de 10,000 agentes de la Guardia Nacional militarizada a la frontera ha propiciado extorsiones ilegales contra migrantes y refugiados en retenes carreteros. La secretaria general de la organización, Agnès Callamard, advirtió que el sistema construido en las últimas ocho décadas corre el riesgo de desmoronarse ante la prevalencia de políticas de apaciguamiento y el fortalecimiento de liderazgos autoritarios a nivel global.
