USO DE SÍMBOLOS MAYAS: Alerta CCE por posibles sanciones y clausura de negocios

Leslie Gordillo/CARIBE PENINSULAR

CANCÚN.- El Consejo Coordinador Empresarial del Caribe advirtió sobre el impacto que podrían tener recientes criterios derivados de resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno al uso de símbolos de la cultura maya, al considerar que generan incertidumbre jurídica y riesgos para la operación de empresas en la región.

El organismo señaló que este precedente abre la posibilidad de sanciones o incluso clausuras de negocios por el uso de elementos culturales, sin que existan reglas claras ni lineamientos definidos sobre quién puede autorizar su utilización.

«Lo que hoy ocurre no es un caso aislado. El criterio adoptado abre la posibilidad de sancionar o incluso clausurar establecimientos por el simple uso de elementos culturales mayas, sin que existan reglas claras, lineamientos definidos ni certeza sobre quién tiene la facultad legítima para autorizar su uso», puntualizaron desde el organismo presidido por Javier Carlos Olvera Silveira.

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Esta situación afecta directamente a destinos como Cancún, Playa del Carmen y Tulum, donde la cultura maya es parte fundamental de la actividad turística.

Indicaron que el problema podría extenderse a otras expresiones culturales del país si no se establecen criterios precisos, lo que pondría en riesgo la forma en que se protege y proyecta la identidad nacional.

Puntualizaron que en el caso de Grupo Xcaret, pese a contar con acuerdos previos, enfrenta resoluciones que generan incertidumbre legal y bajo este escenario, advirtieron que desde grandes desarrollos hasta pequeños comercios podrían ser objeto de denuncias o sanciones.

El sector empresarial aclaró que respalda la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, pero subrayó que su aplicación debe contar con reglas claras para evitar discrecionalidad.

Por ello, hicieron un llamado a las autoridades para emitir el reglamento de dicha ley y abrir un diálogo que permita dar certeza jurídica, proteger el patrimonio cultural y evitar afectaciones a la inversión y el empleo en el sureste del país.

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