El senador Javier Corral se desistió de la petición para reabrir el caso de secuestro contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, confirmando la decisión de la FGJCDMX de no proceder penalmente, en un movimiento con profundas implicaciones políticas y jurídicas.
El retiro de la acción judicial y la estrategia de victimización
Este martes, 2 de junio de 2026, estaba programada una audiencia de impugnación en el Centro de Justicia de la Ciudad de México, ubicado en el Reclusorio Sur. Dicha diligencia tenía como objetivo principal la reapertura del caso que involucra al senador morenista Javier Corral y a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván. Sin embargo, minutos antes de su inicio, los abogados del senador anunciaron su determinación de declinar la impugnación.
La decisión, según el despacho Schütte & Del Sol Abogados, responde a la voluntad de Javier Corral de no «contribuir a la tergiversación del legítimo ejercicio de sus derechos en la campaña de victimización mediática y manipulación política de la gobernadora». Esta postura sugiere un enfoque estratégico para neutralizar lo que se percibe como una narrativa de victimización por parte de la actual administración de Chihuahua.
El despacho legal destacó que la gobernadora Campos ha interpretado y gestionado el trámite judicial de manera dual: mientras en la Ciudad de México lo presenta como un acto de persecución política, en Chihuahua lo utiliza como una presunta prueba de exoneración. Esta disparidad en la comunicación y el uso político de los procedimientos legales resalta la complejidad del escenario.
Denuncias persistentes: la FGR investiga un montaje político
Pese al desistimiento en el ámbito local, los abogados de Javier Corral enfatizaron que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene activa una investigación clave. Esta indagación se centra en el intento de detención del exgobernador Corral por parte de autoridades de Chihuahua. Este incidente fue el detonante de la denuncia original presentada por el senador contra la gobernadora Campos.
Además, el despacho Schütte & Del Sol Abogados aseguró que el «montaje contra Javier Corral» abarca una serie de delitos adicionales. Estas transgresiones, según la defensa, fueron perpetradas mediante el «actuar concretado e ilegal de autoridades ministeriales, judiciales, de fiscalización superior, así como el poder ejecutivo de Chihuahua». Tales acusaciones continúan bajo examen exhaustivo de la FGR, a raíz de denuncias presentadas tanto por el propio Javier Corral como por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
En este contexto, la representación legal de Corral hizo un llamado enérgico a las autoridades para investigar a fondo las acusaciones contra la administración de Corral en Chihuahua. De igual forma, instaron a esclarecer el «uso faccioso» y la instrumentalización de las instituciones del estado para fines políticos por parte de la actual administración encabezada por Maru Campos. Este llamado subraya la exigencia de transparencia y rendición de cuentas.
La sociedad mexicana, según los abogados, «está cansada de la utilización política del sistema de justicia» y tiene derecho a una investigación exhaustiva. Reclamaron una actuación con «debida diligencia» para identificar a quienes «se conducen con rectitud» y a quienes «se esconden detrás de la mentira y la manipulación». El llamado explícito es a investigar ambos frentes: las acusaciones contra la gestión del exgobernador Corral y la presunta manipulación de instituciones por la actual administración, garantizando siempre el debido proceso y la presunción de inocencia.
