La comunidad maya de Pisté interpuso un amparo (1219/2026) contra el INAH, denunciando el intento de desplazamiento de artesanos y guías de Chichén Itzá a un nuevo CATVI, percibido como una «nueva forma de colonización» y una violación a sus derechos fundamentales.
El origen de la tensión: un parador histórico en riesgo
El conflicto en Chichén Itzá, una de las zonas arqueológicas mayas más relevantes y visitadas de México, se centra en el intento del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) de desplazar a la comunidad maya de Pisté. El centro ceremonial, que significa «en la boca del pozo de los itzáes», ha sido el epicentro económico de esta población durante décadas. Desde 1988, Chichén Itzá forma parte de la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO y es mundialmente famoso por fenómenos como el descenso de Kukulkán durante los equinoccios.
El parador turístico actual, que hasta hace semanas era el acceso principal, se inauguró en 1987. Su construcción hace 39 años respondió a una necesidad crucial de la comunidad maya: evitar la migración a Cancún, donde el turismo comenzaba a concentrarse. Esta obra fue bien recibida, permitiendo a los mayas desarrollar su vida económica, rutinas y cohesión social alrededor del sitio, comercializando sus artesanías y compartiendo sus conocimientos.
A partir de 2018, con el avance del proyecto del Tren Maya y el anuncio de la creación de Centros de Atención a Visitantes (CATVI) en las zonas arqueológicas adyacentes al megaproyecto, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) notificó la construcción de uno cerca de Chichén Itzá. Sin embargo, en ningún momento se consultó o se preguntó a la comunidad maya de Pisté si estaban de acuerdo con dicha implementación.
Wilberth Serrano, integrante del Concejo de Gobierno Indígena, subraya la profunda conexión de la comunidad con este espacio: «No es solo el parador turístico el que van a cerrar; este lugar ya tiene una identidad propia, le pertenece al pueblo de Pisté, es el epicentro y la arteria que lo mueve económicamente». La objeción principal de la comunidad no es la apertura del CATVI en sí, sino la falta de un plan de transición gradual que respete la autodeterminación del pueblo maya.
La «nueva colonización»: voces de resistencia maya
Para los mayas de Pisté, las acciones del gobierno federal y el INAH evocan un eco de la conquista y colonización históricas. Erick Ceh, también miembro del Concejo de Gobierno Indígena de Pisté, compara la situación con la llegada de los españoles: «Es tu propia casa y territorio y te vienen a imponer lo que creen que es correcto para ti como si estuviéramos en la conquista. Son como los españoles que vienen intentando supuestamente salvar el alma de los mayas».
Esta percepción se intensificó con las decisiones y el lenguaje utilizados por los funcionarios. Wilberth Serrano lamentó el sentimiento de traición: «Los mayas nos sentimos traicionados, esto es una nueva forma de colonización». La comunidad denuncia que el afán del gobierno por imponer lo que considera «mejor para ellos» busca, en realidad, un desplazamiento de su territorio.
El Concejo de Gobierno Indígena de Pisté se constituyó en abril, con representantes elegidos en asamblea comunitaria. Su organización surgió directamente como respuesta a la presión creciente del INAH para expulsarlos de la zona arqueológica, una presión que, aunque ha sido tolerada por más de 20 años, se recrudeció con la operación del Tren Maya. Erick Ceh enfatiza que la región ha sido históricamente un territorio de lucha, recordando la Guerra de Castas: «Pisté siempre ha estado en lucha. Nos organizamos en un Consejo Indígena y eso no significa que estemos peleados con el Estado y la Federación, pero pedimos que respeten los derechos de los pueblos indígenas en su organización».
Cronología del cierre: la estrategia INAH contra la comunidad
El cierre de Chichén Itzá, que se extendió por 15 días, marcó un punto álgido en el conflicto. La noche del 18 de mayo, personal del INAH instaló vallas metálicas y clausuró el acceso principal. Esta acción se llevó a cabo mientras un grupo de artesanos, vendedores, guías de turistas comunitarios y ejidatarios, todos parte del Concejo de Gobierno Indígena de Pisté, participaba en una mesa de diálogo. La comunidad calificó el cierre como una «forma de asfixiar» a los pueblos originarios, interrumpiendo de tajo los ingresos de quienes viven al día.
Inicialmente, la institución federal justificó sus acciones como trabajos de mantenimiento. Sin embargo, Joel Omar Vázquez Herrera, director del INAH, ofreció una rueda de prensa posterior en la que reconoció que la zona maya fue cerrada por decisión institucional, a pesar de las pérdidas económicas para el turismo. Vázquez Herrera afirmó: «No es que ellos (artesanos, vendedores y guías mayas) lo mantengan cerrado, sino que nosotros como autoridades lo que hicimos fue resguardar el sitio arqueológico. No abrirlo a la visita pública para que evidentemente entráramos a un proceso de diálogo con la comunidad, artesanas y artesanos, para llegar a acuerdos y lograr un consenso para la operación del sitio».
Durante el periodo de cierre, la comunidad maya inició una resistencia organizada. Integrantes realizaron guardias en las inmediaciones de Chichén Itzá y el CATVI, aunque nunca prohibieron el acceso. Incluso, en la noche del 18 de mayo, permitieron que los turistas entraran a la zona maya sin pagar. A pesar de calificar al INAH de traidor, reiteraron su disposición a retomar el diálogo, estableciendo condiciones que el gobierno federal no reconoció ni aceptó en la mesa de negociación.
Respuesta legal y contradicciones institucionales
La confrontación entre el INAH y el pueblo maya de Pisté los llevó a articular una estrategia jurídica. El 26 de mayo, la comunidad interpuso un amparo (el 1219/2026) en defensa de su territorio. La demanda reclamó violaciones a sus derechos, incluyendo la falta de consulta a la comunidad maya en la implementación del reordenamiento económico (CATVI) y la violación al derecho a un trabajo digno. La reapertura de Chichén Itzá el 1 de junio no detendrá este juicio, que busca mantener abierto el parador turístico original.
Las declaraciones de los funcionarios del INAH han generado controversia. Joel Omar Vázquez Herrera, si bien reconoció al Concejo de Gobierno Indígena de Pisté y su participación en mesas de diálogo, afirmó que estos no representan a la totalidad de la comunidad. Esta aseveración contrasta con el hecho de que más de dos mil personas de esta agrupación participaron en una caravana masiva para exigir la reapertura de Chichén Itzá.
La coordinadora nacional de Centros INAH, Anna Goycoolea Artís, endureció la postura institucional. Ante la solicitud de la comunidad de mantener abierto el parador turístico original, Goycoolea Artís expresó que no cerrarían el acceso físico, pero sí las taquillas. Declaró que «la taquilla va a ser, como ya se los hemos dicho muchas veces, una sola taquilla, un solo acceso por el CATVI». Estas palabras fueron calificadas por la comunidad como racistas y discriminatorias. Álvaro Mena, asesor legal del Concejo, relató que Goycoolea Artís «tiene un discurso racista, mencionó que lo hace por el bien de los mayas con una actitud de tutelaje desde el Estado, como si la comunidad fuera menor de edad y no pudiera decidir sobre su desarrollo y territorio». Además, se rehúsa a reconocer formalmente al Concejo de Gobierno Indígena de Pisté.
Intereses económicos y disputas de poder
Chichén Itzá es un motor económico fundamental. En 2025, la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, reportó que, entre enero y mayo de ese año, las zonas arqueológicas del país recibieron 4.5 millones de visitantes. De estos, Chichén Itzá fue el sitio más concurrido, con 981 mil turistas. La intermitencia en el acceso a la zona arqueológica, al cortar el flujo de visitantes, afecta directamente los ingresos de artesanos, vendedores y guías que dependen del turismo diario. Erick Ceh reprochó esta táctica: «Es una forma de presionar a la comunidad cerrando el flujo económico para ver cuánto vamos a resistir, porque la verdad muchos viven al día. El INAH sabe que mientras más se prolongue el sufrimiento… ellos tienen presupuesto para esto, pero para la comunidad es una afectación directa y total. Lo que hacen es estrangular la voluntad del pueblo hasta que cedan».
Otro punto de tensión se centra en Diego Prieto, exdirector del INAH y actual titular de la Unidad de Culturas Vivas, Patrimonio Inmaterial e Interculturalidad (UCVPII). La comunidad solicitó su ausencia en las mesas de diálogo, acusándolo de intentar fracturar a la comunidad. Prieto fue el encargado de operar el proyecto de los CATVI. Se le denuncia por financiar un «grupo de choque» de otros artesanos y vendedores mayas para que aceptaran reubicarse. Erick Ceh manifestó: «Es el doble juego del INAH. Estas administraciones (presidenciales) se equivocaron con Chichén; fue una mala decisión nombrar a Diego Prieto como mediador. Él no quiere negociar, quiere imponer sus ideas y métodos; al final eso enoja, en tu propia casa y territorio te vienen a imponer lo que creen es correcto para ti, como si estuviéramos en la conquista».
La comunidad afirma que Prieto ofreció apoyo mediante las «Tandas del Bienestar» y sostiene con 10 mil pesos mensuales a los locatarios que aceptaron mudarse a los nuevos espacios. El director actual del INAH, Joel Omar Vázquez Herrera, defendió a su exhomólogo, negando categóricamente las acusaciones: «El antropólogo Diego Prieto es un servidor público con mucha experiencia, estuvo acá con ustedes durante años, trabajando arduamente con los procesos relacionados al desarrollo del Tren Maya. En ningún momento creo que tenga la intención de dividir y separar a la comunidad, tenemos un encargo muy específico. La señora presidenta nos encargó que nos acercáramos a las comunidades para lograr acuerdos».
El parador turístico original, inhabilitado por el INAH para forzar el ingreso a través del CATVI, está bajo el control del Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán (Cultur). Esta dependencia estatal ha mediado en las negociaciones entre el pueblo maya y el gobierno federal, con la presencia del secretario general de Gobierno de Yucatán, Omar Pérez, y el titular de Cultur, David Escalante Lombard. Wilberth Serrano reiteró la postura maya: «No es un asunto de oposición, tal vez funcione el CATVI a futuro, pero no forzando las cosas y no queriendo someter al maya a aceptar cosas. Debieron socializar el proyecto con mesas de negociación, es un tema delicado ¿por qué usar la fuerza si lo pueden hacer de manera institucional? ¿por qué tienen que cerrar de la noche a la mañana el parador turístico? El maya se siente traicionado, es como si le arrancaras el brazo». El secretario de gobierno de Yucatán, Omar Pérez, argumentó que existe un plan de transición de varios meses al mercado de artesanías del CATVI y descartó un desalojo. Mencionó que hay un documento firmado por el INAH comprometiéndose a esto, y que la propuesta para los artesanos en el parador antiguo es reubicarlos en el CATVI con una «ubicación privilegiada».
El camino a seguir: reapertura y lucha persistente
Después de 15 días de cierre, Chichén Itzá reabrió al turismo el 1 de junio, tras una lucha de resistencia del pueblo maya. La comunidad logró que el INAH aceptara que ellos se hicieran cargo de la reorganización del Corredor Económico Comunitario dentro de la zona maya, un espacio donde se ubicarán artesanos, vendedores y guías de turistas comunitarios que serían desplazados al CATVI. Un integrante del Concejo de la comunidad maya afirmó a Proceso: «A partir del lunes Chichén Itzá se abre para todos nosotros para entrar a trabajar sin la firma de ningún documento».
A pesar de la reapertura y el diálogo en curso, la comunidad indígena ha señalado que esta acción no detendrá el juicio de amparo iniciado para mantener abierto el parador turístico original. Aunque por el momento el CATVI será la única entrada oficial, la lucha legal continúa.
Junto a la resistencia económica y legal, la comunidad de Pisté vive bajo la amenaza latente de la intervención de las Fuerzas Armadas. Han exigido a la federación que se abstenga de criminalizar su lucha, pero denuncian actos recurrentes de intimidación a través de la presencia constante de la Guardia Nacional y la policía estatal en los accesos del pueblo.
