Una orden ejecutiva presidencial establece un marco federal para evaluar sistemas avanzados de inteligencia artificial, priorizando la seguridad nacional durante un máximo de 30 días previos a su lanzamiento, con participación voluntaria de los desarrolladores.
La nueva directiva y sus límites temporales
El martes 2 de junio de 2026, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva centrada en la supervisión de la Inteligencia Artificial. Esta acción ocurrió menos de dos semanas después de posponer una ceremonia similar en la Casa Blanca, motivado por preocupaciones de que una política previa pudiera mermar la ventaja tecnológica de Estados Unidos. La directiva instaura un marco para que el gobierno federal evalúe los riesgos de seguridad nacional que presentan los sistemas de IA más avanzados, estableciendo un plazo máximo de un mes antes de su publicación. La participación de los desarrolladores de IA en este proceso es de carácter voluntario, según detalla el texto de la orden.
El documento enfatiza el doble filo de estas innovaciones: «> Las capacidades avanzadas de IA hacen que nuestra Nación sea más fuerte, pero también introducen nuevas consideraciones de seguridad nacional que requieren una acción coordinada entre los departamentos y agencias del poder ejecutivo”. El gobierno federal contará con un período de solo 30 días para revisar cada sistema de IA, un lapso más breve de lo anticipado por algunos actores de la industria. Un período más extenso se habría percibido como excesivamente gravoso para un sector caracterizado por su rápido avance y alta competitividad.
El costo de la «ventaja tecnológica» en el debate de IA
La cancelación de un acto en el Despacho Oval, previsto para el mes anterior con ejecutivos de la industria tecnológica, se debió al desagrado del presidente Trump con una versión anterior de la orden ejecutiva. En aquel momento, Trump expresó a los periodistas: “Le estamos ganando a China, le estamos ganando a todos, y no quiero hacer nada que se interponga en el camino de esa ventaja”.
La directiva previamente propuesta fue descrita como una colaboración voluntaria con empresas tecnológicas con sede en Estados Unidos. Entre las compañías que participarían figuraban Anthropic, OpenAI y Google, muchas de las cuales estaban programadas para asistir al acto de firma cancelado el 21 de mayo. Este antecedente subraya la tensión entre la necesidad de supervisión y la protección de la innovación.
Reacciones de expertos: entre el avance y la manipulación política
Juan Londoño, analista de políticas del Instituto Cato, una entidad de tendencia libertaria, evaluó la orden como imperfecta pero consideró que representa “un paso en la dirección correcta para preparar a la nación para la publicación de sistemas avanzados de IA”. Londoño reconoció positivamente el carácter voluntario del proceso, pero manifestó preocupación por la ambigüedad en la forma en que el gobierno determinará qué modelos de IA califican para escrutinio. Particularmente, le inquietó cómo el director de la Agencia de Seguridad Nacional decidirá qué “socios de confianza” obtendrán acceso temprano a dichos modelos.
En una declaración escrita, Londoño advirtió que “Esto podría abrir la puerta a una posible manipulación política contra empresas que tengan algún tipo de conflicto con la administración”. Esta preocupación resalta la necesidad de transparencia en la aplicación de las políticas de revisión para evitar sesgos o represalias.
La irrupción de Claude Mythos y la respuesta del sector financiero
Los planes para una nueva directiva de ciberseguridad de IA surgieron tras el anuncio de Anthropic en abril sobre su modelo de IA más avanzado, denominado Claude Mythos. Este desarrollo se produce en medio de una batalla legal entre Anthropic y la administración Trump, derivada de una disputa contractual con el Pentágono.
Poco después del anuncio de Mythos, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el presidente saliente de la Reserva Federal, Jerome Powell, convocaron una reunión urgente con directores ejecutivos de Wall Street. En dicho encuentro, alertaron sobre los riesgos planteados por la aparente capacidad de Mythos para identificar vulnerabilidades de ciberseguridad en el software global. Anthropic había restringido inicialmente el acceso a Mythos a un pequeño grupo de socios de confianza, incluyendo grandes empresas tecnológicas y bancos, aunque el martes anunció la ampliación de ese grupo con 150 organizaciones adicionales.
