Alejandro Peza/CARIBE PENINSULAR
CHETUMAL.- La diputada presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, Paola Moreno Córdova, reconoció que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (CDHEQROO) enfrenta un rezago histórico de más de una década en expedientes y recomendaciones que no han sido atendidas por diversas autoridades, lo que refleja una problemática estructural en el seguimiento y cumplimiento de resoluciones emitidas por el organismo autónomo.
La legisladora detalló que actualmente existen más de 150 expedientes pendientes de cumplimiento derivados de recomendaciones dirigidas a distintas dependencias estatales, algunos de los cuales datan desde el año 2014. Este acumulado, dijo, evidencia no solo la falta de respuesta institucional, sino también deficiencias en los mecanismos de vigilancia y rendición de cuentas.
“Estamos hablando de un rezago considerable que impacta directamente en el acceso a la justicia de las víctimas, ya que muchas de estas recomendaciones incluyen medidas de reparación del daño que no han sido cumplidas”, expresó Moreno Córdova.
Señaló que la titular de la CDHEQROO, Omega Ponce Palomeque, no ha presentado informes actualizados sobre los avances en el cumplimiento de dichas recomendaciones, lo que impide a la actual legislatura conocer con claridad el estado que guardan los expedientes y las acciones implementadas por las autoridades señaladas.
La diputada subrayó que la falta de informes limita la capacidad del Congreso para ejercer su función de supervisión y para garantizar que las víctimas reciban una reparación integral del daño, tal como lo establecen los principios en materia de derechos humanos.
Paola Moreno, explicó que gran parte de estos expedientes corresponden a casos heredados de administraciones y legislaturas anteriores, en los que se documentaron presuntas violaciones a derechos humanos por parte de instancias como la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Salud.
Advirtió que, independientemente de su origen, es responsabilidad del organismo actual dar seguimiento puntual y transparente a cada uno de los casos, así como informar periódicamente sobre los avances en el cumplimiento de las recomendaciones.
La legisladora adelantó que desde la Comisión de Justicia se impulsarán acciones para fortalecer los mecanismos de control y seguimiento, con el objetivo de reducir el rezago y garantizar que las resoluciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos no queden sin efecto.
