Redacción/CARIBE PENINSULAR
CHETUMAL.- El diputado local José Luis Pech Várguez votó en contra de la reforma aprobada por la XVIII Legislatura que incorpora en la legislación estatal el concepto de “vivienda adecuada”, al considerar que el cambio elimina referencias previas a vivienda digna y decorosa, además de haber sido procesado con rapidez frente a otras iniciativas rezagadas en el Congreso.
“Esta iniciativa llegó hace 33 días y ya se votó; mientras nuestras propuestas sobre vivienda llevan más de un año esperando ser discutidas”, expresó durante su posicionamiento en tribuna al cuestionar el ritmo legislativo con que avanzó la propuesta impulsada por el senador Eugenio Segura Vázquez.
La reforma fue aprobada por mayoría con respaldo de legisladores de Morena y modifica disposiciones locales para armonizarlas con el artículo 4º constitucional, incorporando el derecho a una vivienda adecuada como principio legal, con criterios vinculados a seguridad jurídica, acceso a servicios básicos, habitabilidad y calidad constructiva.
Debate legislativo
Para José Luis Pech, el cambio deja fuera expresiones previas relacionadas con vivienda digna y decorosa, lo que —dijo— abre un debate sobre el estándar real que se establece para las familias quintanarroenses.
“¿De verdad ese es el estándar que merecen los quintanarroenses?”, planteó.
Aunque legisladores oficialistas defendieron que la reforma actualiza el marco jurídico estatal y coloca a Quintana Roo en línea con estándares constitucionales, diputados de oposición señalaron que el principal reto será convertir el nuevo texto legal en resultados tangibles.
En municipios como Othón P. Blanco y Benito Juárez, miles de familias continúan sin certeza jurídica sobre sus predios, con rezagos en servicios básicos o en condiciones de hacinamiento, en un contexto marcado por expansión urbana acelerada, asentamientos irregulares y presión inmobiliaria.
Uno de los ejes de la reforma es precisamente fortalecer la certeza en la tenencia de la tierra y agilizar trámites, aunque especialistas y organizaciones civiles advierten que esos procesos siguen enfrentando burocracia, lentitud institucional y rezagos acumulados.
La discusión también ocurre en medio de críticas por el contraste entre el crecimiento turístico e inmobiliario del estado y la limitada disponibilidad de vivienda social accesible para población local
