La justicia federal dictó auto de vinculación a proceso contra Gilda Susana Lozoya Austin por operaciones con recursos de procedencia ilícita, derivado de su presunta participación en el esquema financiero relacionado con la planta Agronitrogenados.
Nueva fase procesal tras la determinación judicial
La jueza de control Nora Ileana García Peralta formalizó el inicio de la etapa judicial, otorgando un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.
A pesar de la vinculación, la imputada mantendrá su libertad bajo medidas cautelares preexistentes mientras se define su situación de arraigo. La autoridad judicial citó a una audiencia para el próximo jueves a las 9:40 horas, donde se resolverá la solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR) para imponer prisión preventiva justificada bajo el argumento de un presunto riesgo de fuga.
Disputa sobre la integridad de las pruebas
El equipo legal de la defensa cuestionó severamente los métodos de la Fiscalía ante la presentación de nuevos elementos probatorios.
- Volumen documental: La FGR entregó 150 fojas de pruebas adicionales de último minuto, lo que provocó que el abogado defensor, Alejandro Rojas Pruneda, calificara el actuar de la fiscalía como un «proceso desaseado».
- Medidas cautelares ratificadas: Gilda Lozoya Austin debe cumplir estrictamente con:
- Portación obligatoria de brazalete electrónico.
- Entrega definitiva de pasaporte a las autoridades.
- Firma periódica cada 15 días ante la Unidad de Medidas Cautelares.
- Prohibición absoluta de abandonar el país o la Ciudad de México.
Trama financiera y el origen de los recursos
La imputación central sostiene que los fondos utilizados para actividades inmobiliarias tienen una procedencia vinculada directamente con sobornos recibidos por el exdirector de Pemex.
La Fiscalía señala que la cuenta bancaria de la empresa fachada Tochos Holding Limited, ubicada en Suiza, fue el conducto para recibir 3.5 millones de dólares de Altos Hornos de México (AHMSA), propiedad de Alonso Ancira. Según la narrativa oficial, Emilio Lozoya realizó una cesión de derechos a favor de Gilda Susana, quien habría ejecutado transferencias por 2 millones 580 mil dólares. Estos fondos fueron destinados a pagar un inmueble en Lomas de Bezares en 2012, adquirido a María del Carmen Ampudia Cárdenas.
Desglose legal de la imputación
Aunque la Fiscalía buscaba procesar a la imputada por transferencia de recursos para la adquisición de bienes, la jueza ajustó la tipificación del delito.
La reclasificación vincula a la procesada por el traslado de recursos desde el extranjero hacia México con pleno conocimiento de su origen ilícito. Por su parte, la defensa legal ha solicitado formalmente la exclusión de dos pilares probatorios: la información bancaria proveniente de Suiza, bajo el argumento de falta de control judicial previo, y la declaración de Emilio Lozoya de agosto de 2020. La jueza desestimó estas peticiones al considerar que la validez de dichas pruebas aún es objeto de litigio y no existe una sentencia definitiva que ordene su exclusión.
