Alejandro Peza
CHETUMAL.- La Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo (UQROO) enfrenta un conflicto con su comunidad estudiantil tras la imposición de una cuota obligatoria de 500 pesos, aprobada por el Consejo Universitario.
La medida ha generado inconformidad por considerarse sorpresiva, retroactiva y sin una consulta previa con el alumnado, además de surgir en un contexto donde los altos mandos de la institución perciben salarios que superan los 100 mil pesos mensuales.
La indignación de los estudiantes no solo se centra en el nuevo cobro, sino en la aparente contradicción entre argumentar insuficiencia presupuestal y mantener una estructura salarial elevada para la alta burocracia universitaria. De acuerdo con los tabuladores de remuneraciones de 2026, la Rectoría percibe un sueldo bruto superior a los 103 mil pesos mensuales más otras prestaciones.
Los inconformes sostienen que dichos ingresos son superiores a los que reciben rectores de otras universidades públicas del país con características similares, por lo que cuestionan que, antes de trasladar nuevas cargas económicas a los estudiantes, la administración no haya revisado el gasto interno ni aplicado medidas de austeridad en los niveles directivos y administrativos.


El descontento también apunta a la falta de transparencia en el proceso. Aunque el acuerdo fue aprobado hace más de seis meses por el Consejo Universitario, aseguran que la información permaneció sin difundirse hasta fechas recientes.
La decisión de informar el cobro mediante visitas de la Rectora a las aulas, previo al inicio del ciclo Otoño 2026, fue interpretada por diversos sectores estudiantiles como una determinación ya consumada y sin espacio para el diálogo.
Bajo la consigna de que «la mala administración financiera no debe ser pagada por los estudiantes», la comunidad universitaria exige una explicación detallada sobre el destino de los recursos públicos, la justificación de los salarios de los altos funcionarios y las razones que motivaron la creación de esta nueva cuota.
Como parte de sus acciones, estudiantes han recurrido a solicitudes de información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia para obtener documentos relacionados con la aprobación del cobro, el manejo del presupuesto y las percepciones de los funcionarios universitarios.










