Por Alejandro Peza
CHETUMAL.- El Congreso del Estado analiza una iniciativa para establecer en Quintana Roo la Ley de Voluntad Anticipada, mediante la cual se busca regular el derecho de las personas mayores de edad y en pleno uso de sus facultades mentales a decidir, de manera anticipada, si aceptan o rechazan determinados tratamientos médicos artificiales destinados a prolongar su vida ante una enfermedad terminal.
El diputado Hugo Alday, integrante del Congreso del Estado, informó que la propuesta se encuentra en análisis y plantea generar un marco jurídico que permita respetar la decisión de cada persona respecto a los tratamientos que desea recibir cuando su condición de salud le impida expresar directamente su voluntad.
La iniciativa aborda una situación particularmente sensible para pacientes con enfermedades terminales o padecimientos incurables, así como para sus familias, al establecer mecanismos para que las decisiones relacionadas con tratamientos médicos puedan quedar expresadas previamente.
De acuerdo con lo planteado por el legislador, la voluntad anticipada no significa provocar la muerte del paciente, sino respetar su decisión respecto a la aplicación o continuidad de tratamientos que prolonguen artificialmente la vida, cuando se presente una enfermedad terminal y ya no exista una expectativa razonable de recuperación.
El propósito es que las personas puedan dejar constancia de sus decisiones mientras se encuentran en condiciones de manifestarlas libremente, evitando que, llegado un momento crítico, toda la responsabilidad recaiga sobre familiares o terceros.
La discusión de esta legislación también contempla la necesidad de establecer procedimientos claros para garantizar que la voluntad expresada por una persona sea respetada y que las instituciones y personal de salud cuenten con reglas precisas para actuar ante estos casos.
Como parte de los argumentos para analizar esta legislación, se ha señalado la existencia de pacientes que enfrentan enfermedades incurables en Quintana Roo.
De acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) citada en el contexto de la iniciativa, desde 2023 se tiene un registro de mil 393 pacientes con padecimientos incurables en la entidad.
Esta cifra coloca habla de la necesidad de discutir no solamente los aspectos médicos de las enfermedades terminales, sino también los derechos de los pacientes, la autonomía personal y las decisiones que pueden tomar respecto de los tratamientos que reciben.
El debate involucra aspectos médicos, jurídicos y humanos, particularmente relacionados con la autonomía de las personas, el respeto a su dignidad y el acompañamiento que deben recibir los pacientes y sus familias durante las etapas finales de una enfermedad.
